En la nómina, solicitada tras el reportaje de LND
sobre la presencia de ex agentes de la DINA en las filas del Ejército, aparece
también en esa condición el coronel Marco Bustos, procesado por el caso de los
cinco frentistas. Uno de los “recontratados” es el general (R) Miguel Trincado,
enjuiciado por el desentierro y lanzamiento de las 26 víctimas del paso de la
Caravana de la Muerte por Calama.
El general (r) Miguel Trincado (en la foto,
abajo)aparece en la lista entregada por el Ejército. Permaneció en la
institución hasta diciembre de 2006.
Los custodios en Uruguay del asesinado químico de
la DINA, Eugenio Berríos, suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval
Durán, forman parte de la lista de 13 procesados que el Ejército entregó esta
semana al ministro de Defensa Francisco Vidal, a raíz de la inquietud que ha
generado la recontratación de ex agentes por parte de la institución castrense.
No es todo: los dos uniformados permanecen en la planta de activos. En esa
misma condición se encuentra el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco,
procesado por el ministro Mario Carroza como uno de los autores del secuestro y
desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)
en 1987.
Según antecedentes obtenidos por LND, el general en
retiro Miguel Trincado Araneda, encausado en 2007 por el desentierro y
lanzamiento al mar de los cuerpos de los 26 asesinados por la Caravana de la
Muerte en octubre de 1973 en Calama, también se encuentra entre esos 13 nombres
en calidad de recontratado. Tanto la lista del personal de planta como la de
los funcionarios a contrata permanecen “limitadas” al acceso público en la
página electrónica del Ejército, protegida por la “Seguridad del Estado y la
Defensa Nacional”, en virtud del artículo 436 del Código de Justicia Militar.
La lista no se ha hecho pública, pero ayer el
ministro de Defensa, Francisco Vidal, en una ceremonia con motivo del Día del
Reservista, en el Regimiento Buin, dijo que concurrirá esta semana al Congreso,
en compañía del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. “Estamos
convocados el día martes y miércoles a tres comisiones, las dos de Defensa y la
de Derechos Humanos (de la Cámara Baja). Se ha hecho por parte de la
institución la evaluación y se daría a conocer a los señores parlamentarios las
decisiones que se han tomado sobre esta materia”, sostuvo.
De planta
Hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva la
condición de activos de los dos suboficiales que participaron en la salida clandestina
de Berríos del país en 1991, que se efectuó con el fin de evitar que el químico
declarara en procesos por delitos de lesa humanidad. Su calidad de activos se
develó durante la reciente fase probatoria del juicio por el crimen de Berríos,
que instruye el juez Alejandro Madrid.
El 3 de marzo de este año, el abogado Gustavo
Menares, defensor del coronel (R) Manuel Pérez Santillán, uno de los procesados
en la misma causa, solicitó a Madrid que citara a declarar al “suboficial de
Ejército en servicio activo Marcelo Ariel Sandoval Durán” y al “suboficial de
Ejército en servicio activo, Nelson Román Vargas”.
Sorprendidos por la permanencia de los custodios de
Berríos en las filas del Ejército, los abogados querellantes, según la
documentación recopilada por LND, pidieron la confirmación de este hecho a
Madrid en la misma audiencia. El magistrado ratificó el estatus de Sandoval y
Román. Román y Sandoval están procesados y formalmente acusados por este
crimen. En 1991, ambos integraban la Unidad de Operaciones Especiales de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encargó de sacar
clandestinamente de Chile no sólo a Berríos, sino también a los agentes Carlos
Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros. Los dos suboficiales pertenecieron a la
CNI antes de 1990. Román era el número 492 y Sandoval el 526, según la lista
que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación
del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
El 17 de julio de 2008, el coronel Marco Antonio
Bustos fue procesado en el caso de los cinco frentistas en 1987. Era agente de
inteligencia del Ejército e integraba el llamado comando G4, un grupo operativo
especial dependiente del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que a su
vez dependía de DINE. Bustos reconoció en el proceso que durante el tiempo que
la CNI mantuvo secuestrados a los frentistas, operó “como enlace entre la CNI y
el BIE”, organismos que fraguaron el crimen.
El general Miguel Trincado, otro que aparece en la
lista que tiene el ministro Vidal en su escritorio, ya está en retiro. Permaneció
en la institución hasta diciembre de 2006, como comandante de la II División
del Ejército en la Región Metropolitana y juez militar de Santiago. Meses
antes, Trincado había visitado en su casa al ex director de Investigaciones,
Arturo Herrera, para pedirle que ordenara el cambio de un informe policial que
lo vinculaba al desentierro de los cuerpos de Calama en 1976 y su lanzamiento
al mar. Herrera accedió, pero sus oficiales se negaron a alterar el documento.
El 23 de noviembre de 2007, la jueza de Antofagasta, Rosa María Pinto, lo
procesó como autor del desentierro y desaparecimiento de los cuerpos de las 26
víctimas de la Caravana de la Muerte
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