Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

(ALPEC)

Buenos Aires, República Argentina, 25 de marzo de 2013

Sr. Rubén Ballesteros

Excmo. Presidente

Iltma. Corte Suprema

República de Chile.

Excmo. Presidente:

Con gran pesar hemos tomado conocimiento de los hechos

de violencia que han empañado la región de la Araucanía durante el mes de

enero de 2013. Lamentamos la muerte de personas durante este conflicto, y

nos preocupan las consecuencias sociales que estos actos puedan tener en

perjuicio de las legítimas demandas de un pueblo respecto del cual el Estado

de Chile tiene una deuda histórica.

En la convicción de que los conflictos sociales que

representa la comisión de delitos no encontrarán solución a través del derecho

penal, sino de la aplicación de políticas públicas de prevención de tales

conflictos, manifestamos nuestra preocupación por la aplicación constante de la

ley de conductas terroristas a mapuche, porque ella no distingue, alcanza

potencialmente a todos los habitantes de las distintas comunidades, y aún a

quienes con ellos se comunican.

Con gran pesar y preocupación hemos tomado

conocimiento de las detenciones sucesivas de autoridades ancestrales del

pueblo mapuche. Nos llama profundamente la atención la invocación por parte

del gobierno de Chile a través de sus abogados de la medida cautelar de

prisión preventiva y su aplicación sobre machis y dungu machife (ayudante de

la machi en sus ceremonias), preocupándonos enormemente el que aún en

aquellos casos en los que se ha imputado a machis la comisión de delitos

comunes y con una participación menor (encubrimiento), como ha sido el caso

de los machis Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, y el dungü machife Cristian

garcia quintul detenidos el 31 de enero del presente, se acoja por parte de los

tribunales la medida de prisión preventiva. Sabemos que especialmente la

primera, ha sido un ícono en la oposición a la construcción de una central

hidroeléctrica en el territorio donde habita y que empleando mecanismos

legales recurrió en su momento a la justicia buscando protección para la madre

tierra (Rol N° 501 – 2011. CIV.).

El Estado de Chile ha ratificado y firmado el Convenio 169,

sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, cuyo articulado obliga a

respetar la cultura, costumbres e instituciones de estos pueblos. Muy

especialmente en materia penal existe una obligación para los Estados a dar

preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento (art. 10.2 del Convenio

N°169). Una interpretación de este artículo acorde con el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos del

Hombre, indica que si esto es así tratándose de un indígena que ha sido

declarado culpable en un proceso judicial, lo es con mayor razón respecto de

un indígena a quien le asiste la presunción de inocencia.

Nos preocupa la disparidad de criterios judiciales que se

aplican a la hora de resolver privaciones de libertad, sea bajo la forma de

penas o bajo la forma de medidas cautelares. En tal sentido queremos valorar

lo señalado por uno de vuestros tribunales en orden a respetar el Convenio 169

tratándose de la privación de libertad de un machi:

“Especial consideración para dar lugar a una forma

especialísima de cumplimiento es el hecho de la función de machi que

desempeña el sentenciado dentro de su comunidad […].. Hoy en día nuestra

legislación en todo ámbito y en el especial el penal, ha reconocido las diversas

culturas que forman parte de la idiosincrasia nacional y no solo nos hemos

detenido a reconocer su existencia sino que aceptamos que cuentan con

autoridades religiosas, sociales, que pueden coexistir junto a las nuestras, y

que cumplen roles determinados y dignos de ser respetados por el resto de la

sociedad. Si por el transcurso de los siglos hemos dotado a nuestros líderes

religiosos como sacerdotes, pastores obispos, cardenales de un especial

respeto moral e incluso de una especial protección penal, también debemos en

aras de la igualdad reconocer que en la cosmovisión mapuche-indígena el

machi merece también igual respeto y protección pues cumple funciones

importantísimas para las personas que pertenecen a estas etnias, en respeto a

los principios Constitucionales formales y a las normas de tratados o convenios

internacionales estimamos como suficientemente fundada la petición de la

defensa y por ello damos lugar a esta forma de cumplimiento” ( Sentencia Juzgado

de Garantía de Carahue de 27-01-2011, RIT 447-2011).

Lamentamos que este adecuado criterio de éste juez

chileno, acorde con los derechos de los pueblos originarios respetuoso de la

normativa internacional, tal vez presionados por una campaña mediática, hoy

día no se esté cumpliendo. Nos preocupa que pasando por alto estos correctos

razonamientos, se afecte el derecho a la presunción de inocencia, consagrado

en el art. 14.2 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2.

de la Convención Americana de Derechos del Hombre, otorgando la medida

cautelar de prisión preventiva para estas autoridades ancestrales,

transformándola así en una pena anticipada, desconociendo asimismo la

particular gravosidad que para estas personas supone la privación de libertad.

La ausencia de un dialogo intercultural con nuestros

hermanos indígenas a nivel latinoamericano ha llevado a un efecto de

intolerancia, que en los casos mas graves lleva, como en Chile, a restricciones

de garantías a indígenas y sus autoridades ancestrales. Nada de eso es

deseable para ningún país latinoamericano.

Solicitamos, en consecuencia, a la Ilustrísima Corte

Suprema chilena, considerar esta preocupación que como penalistas y

criminólogos latinoamericanos nos asiste.

Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

(ALPEC)

Eugenio Raúl Zaffaroni

Secretario Ejecutivo de ALPEC

César Landelino Franco

Fernando Tenorio Tagle

Lola Aniyar de Castro

Nilo Batista

Ramón de la Cruz Ochoa

Miembros del Comité Ejecutivo de ALPEC