venerdì 14 novembre 2014

LAS SENTENCIAS DE LOS CONSEJOS DE GUERRA SON NULAS

EL MOSTRADOR, viernes 14 de noviembre 2014
Es de conocimiento público que Chile como Estado ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al Consejo de Guerra que condenó, entre otros, al general Alberto Bachelet. El Estado de Chile ha nombrado a sus agentes ante dicha Corte, y la Corte Suprema ha designado a uno de sus ministros y a la jefa de Estudios para que concurran como testigos en la causa abierta ante la Corte Interamericana. Seguramente para explicar las razones por las cuales el tribunal supremo chileno no admitió a trámite o no resolvió favorablemente los recursos de revisión presentados por los afectados para dejar sin efecto la sentencia emitida en tal Consejo de Guerra.
Estamos ciertos que Chile actualmente es un Estado de derecho, el cual por definición debe defender y hacer realidad los derechos fundamentales asegurados en la Constitución de 1980, y en las Convenciones Internacionales suscritas por Chile. Entre estas Convenciones Internacionales es menester recordar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tales Convenciones Internacionales obligan a todos los tribunales, sean ordinarios o especiales, a efectuar el denominado control de convencionalidad para determinar si las leyes que se pretenden aplicar respetan las obligaciones de orden internacional que ha contraído el Estado de Chile al suscribir y ratificar tales tratados. Estas obligaciones imponen a Chile y a todos sus órganos y personas la obligación de respetar los derechos fundamentales.
Los hechos que se desencadenaron a partir del 11 de septiembre de 1973 llevaron a que en Chile llegaran a funcionar los Consejos de Guerra contemplados en el Código de Justicia Militar de la época, sin perjuicio de que, a partir de dicha fecha, la Junta de Gobierno, eje central de la dictadura, fue dictando diversos decretos leyes orientados a modificar el ordenamiento positivo chileno, tal como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar el sistema normativo creado a partir del 11 de septiembre de 1973 y el Estado de guerra.
La Corte Suprema chilena seguramente no acogió los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias de tales Consejos de Guerra, ya que el Código de Justicia Militar sólo contempla el recurso de revisión para las sentencias dictadas por tribunales militares, en tiempo de paz.
Todo lo anterior se refiere a la simple aplicación formal de determinados cuerpos legales que se utilizaron con un rigor completamente desproporcionado y no relacionado con los hechos, tal como ellos habían sucedido, despojando a los acusados de todos sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a un debido proceso, y a que los fallos fueran examinados por un tribunal de rango superior.
Los hechos que se desencadenaron a partir del 11 de septiembre de 1973 llevaron a que en Chile llegaran a funcionar los Consejos de Guerra contemplados en el Código de Justicia Militar de la época, sin perjuicio de que, a partir de dicha fecha, la Junta de Gobierno, eje central de la dictadura, fue dictando diversos decretos leyes orientados a modificar el ordenamiento positivo chileno, tal como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar el sistema normativo creado a partir del 11 de septiembre de 1973 y el Estado de guerra.
La Constitución Política de la República de 1980, establece en su artículo 76 una normativa que conviene citar, para entender la proposición que formulamos públicamente a fin de que se dicte por el Parlamento una ley que anule derechamente los fallos dictados por los Consejos de Guerra.
El artículo 76 referido dice en lo pertinente, en su inciso primero:
“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
La correcta interpretación de dicha norma consiste en que en la materia que nos preocupa cuando un tribunal, después de un proceso legalmente tramitado, dicta una sentencia y esta queda firme y ejecutoriada, tal fallo adquiere el carácter de cosa juzgada. Esta última es una institución pilar del Estado de derecho, ya que garantiza que las causas falladas no van a poder ser modificadas salvo en los casos excepcionalísimos del denominado recurso de revisión, que en el fondo es una acción que se entabla directamente ante la Corte Suprema para dejar sin efecto una sentencia o proceso cuando en su desarrollo y en el pronunciamiento mismo de la sentencia han existido elementos evidentes de fraudes, tales como si la sentencia se ha fundado en documentos declarados falsos, si fue pronunciada en virtud de testigos condenados por falso testimonio, si la sentencia fue ganada injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. Así, el Código de Procedimiento Civil regula el recurso de revisión. El actual Código Procesal Penal, tratándose de cuestiones de dicha naturaleza, contempla el recurso de revisión para rever extraordinariamente la sentencia firme en que se hubiere condenado a alguien por un crimen o simple delito, para anularlas en los siguientes casos: cuando en virtud de sentencias contradictorias, estuvieren sufriendo condenas dos o más personas por un mismo delito que hubiere podido ser cometido más que por una sola; cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se comprobare después de la condena; cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de una sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso en sentencia firme en causa criminal; cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriera o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado; y cuando la sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez que la hubiere dictado o de uno o más de los jueces que hubieren concurrido a su dictación, cuya existencia hubiere sido declarada por sentencia judicial firme.
Todo el sistema procesal chileno orbita en torno de un proceso real y verdadero, cumpliendo con las garantías fundamentales del debido proceso, entre las cuales se encuentra que el acusado siempre debe ser oído y que la sentencia que se dicte debe estar sujeta a revisión ante un juez o tribunal superior.
La institucionalidad de la cosa juzgada y la prohibición de hacer revivir procesos fenecidos, como igualmente la prohibición constitucional que tienen el Presidente de la República y el Congreso para avocarse al conocimiento de causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales, están pensadas y construidas sobre la base de procesos verdaderos. Los procesos meramente aparentes, falsos en su desarrollo, fraudulentos en la dictación de sus resoluciones y dictados dentro de una ausencia completa de un Estado de derecho que asegure las garantías fundamentales, no pueden ser llamados procesos; no puede aplicárseles la denominación de juicio o controversia jurídica de carácter relevante y en modo alguno dan lugar a la cosa juzgada. Las llamadas sentencias dictadas por los Consejos de Guerra sólo tienen el nombre de tales, ya que no son verdaderamente sentencias, no han dado lugar a la cosa juzgada, pues constituyen esencialmente actos de fuerza, de los cuales ha estado ausente el derecho. Por esa razón se puede sostener que las mal denominadas sentencias de los Consejos de Guerra no son tales y puede la autoridad pertinente restablecer el pleno imperio del derecho, en lo tocante a las condenas pronunciadas por tales órganos, dictando una ley de iniciativa parlamentaria que deje sin efecto esas sentencias por adolecer ellas de nulidad de derecho público.
Una ley de tal naturaleza no viola la establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de 1980; muy por el contrario, ella restablecería el imperio del derecho avasallado completamente por los Consejos de Guerra, los que no se ajustaron a ninguno de los principios fundantes de un verdadero Estado de derecho; allí no hubo un debido proceso sino que simplemente actuaciones reñidas con principios esenciales de un Estado civilizado.
No es necesaria la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el tema puede resolverse en Chile a través de una ley muy simple, de un solo artículo que diga lo siguiente:
“Se declara que todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra con motivo y ocasión del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y de los hechos que se produjeron a continuación de éste, son nulos de nulidad de derecho público, quedando sin efecto en todas sus partes las sentencias dictadas”.
Los actuales parlamentarios debieran proponer una moción en el sentido que estamos planteando. Esa ley que sugerimos se ajustaría plenamente a la normativa de la Constitución de 1980 y daría cumplimiento pleno a las obligaciones contraídas por el Estado de Chile por las Convenciones sobre Derechos Humanos, Políticos y Civiles, suscritos en diversas épocas.
Para dictar una ley de tal contenido, deberá tenerse siempre presente que el artículo 76 de la Constitución de 1980 razona sobre la base de procesos verdaderos. Si estos no han existido y, muy por el contrario, existió un fraude al ordenamiento legal y un uso torcido de la legislación penal, condenando a personas que verdaderamente no tuvieron defensa y que fueron cruelmente torturadas, anular por la vía legal, y no a través de procedimientos oblicuos, restablecería el Estado de Derecho en lo que dice relación con todas las personas que fueron en su época injustamente avasalladas y ofendidas, hasta el día de hoy, en su dignidad de personas.
El control de convencionalidad que se está haciendo realidad por sentencias reiteradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a todas las autoridades, incluyendo el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a ajustar sus actos y resoluciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, promulgado como Ley de la República el 23 de agosto de 1990 y publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991; control de convencionalidad que obliga igualmente a tales poderes del Estado a dar aplicación directa a las convenciones internacionales que versen sobre la misma materia. Dar cumplimiento a esas convenciones sobre Derechos Humanos obliga al Parlamento de Chile a dictar la ley que estamos proponiendo.


sabato 4 ottobre 2014

HÉROES Y MÁRTIRES DE LA RESISTENCIA















La revista Punto Final ha tomado la iniciativa de convocar a un acto de homenaje a Miguel Enríquez -en el 40º aniversario de su caída en combate-, y a todos los héroes y mártires de la Resistencia. Ellos escribieron una página gloriosa de nuestra historia y su memoria debe ser reivindicada sin vacilaciones para impedir que el oportunismo político silencie el reconocimiento que se merecen los que lucharon y murieron por la libertad de Chile.
Este homenaje quiere honrar el ejemplo de los hombres y mujeres que impulsaron todas las formas de lucha para poner fin a la más odiosa tiranía que ha conocido nuestra patria. Entre 1973 y comienzos de 1990, las FF.AA. y Carabineros, y el gran empresariado nacional y extranjero, aplicaron las formas más crueles y perversas del terrorismo de Estado. Los testimonios de sobrevivientes de la tortura y testigos de crímenes cometidos por los agentes de la Dina y la CNI -en su mayoría miembros de las FF.AA. y Carabineros-, todavía causan horror y amedrentan a muchos que evitan participar en la lucha social y política. Ellos se preguntan -con razón- si las instituciones armadas no serían capaces de volver a cometer los atropellos y aberraciones con que martirizaron al pueblo durante esos 17 años de espanto. Las FF.AA. no han sido democratizadas y permanecen leales a los intereses golpistas del 73. Tampoco han ayudado a esclarecer la suerte que corrieron los detenidos desaparecidos.
La respuesta al terrorismo de Estado fue la Resistencia que impulsaron los sectores más avanzados del pueblo. Partidos ilegalizados como el MIR, el PC, PS, la Izquierda Cristiana y el Mapu aprendieron a sobrevivir en rigurosas condiciones de clandestinidad. Chile no sufría una dictadura militar desde hacía cuarenta años y los métodos de trabajo clandestino eran desconocidos para una Izquierda que no fue preparada para afrontar el golpe de Estado. Eso significó elevados costos en vidas y la prisión y exilio para miles de cuadros. Su readecuación a las nuevas condiciones, permitió a la Izquierda evitar la liquidación física que pretendía el terrorismo de Estado.
Sin embargo, las bajas que sufrió la Resistencia fueron grandes. Cayeron jóvenes dirigentes revolucionarios de la talla de Miguel Enríquez en el MIR o de Raúl Pellegrin en el FPMR. No obstante, la Resistencia logró propinar golpes importantes que mostraron la vulnerabilidad de la dictadura y contribuyeron a su debilitamiento. El MIR dio inicio a una laboriosa estrategia de guerra popular que debía culminar con la insurrección del pueblo en armas. Centenares de cuadros que se encontraban en el exilio regresaron clandestinamente. Surgieron así las primeras milicias de la Resistencia Popular. A su vez, el Partido Comunista puso en marcha su estrategia de rebelión popular de masas y creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que llevó a cabo audaces acciones armadas.
Penosa y esforzadamente, pagando un costo que puso a prueba el valor y voluntad de lucha de la Resistencia, se crearon las condiciones que en 1990 obligaron a las FF.AA. a retirarse a sus cuarteles. El triunfo del No en elplebiscito de 1988 pavimentó el camino a la “transición pactada”, que impusieron el Departamento de Estado, el Vaticano y gobiernos europeos. En ese desenlace tuvieron mucho que ver -aunque la historia oficial lo oculte- lasacciones armadas y de masas de la Resistencia. Un pueblo que ignoraba las formas más elevadas de lucha, las había puesto en práctica con singular valor. Complejos requerimientos se habían resuelto con audacia y creatividad. Las formas clandestinas de vida se generalizaron. El armamento, los impecables documentos de identidad falsos, el trasiego de personas y recursos a través de las fronteras se multiplicaron, se construyeron escondites y depósitos, se fabricaron ingeniosos barretines para el transporte de armas, mensajes cifrados y prensa clandestina, se multiplicaron las interferencias de las señales deradios y televisión con proclamas de la Resistencia, se escucharon los mensajes cargados de muerte que intercambiaban las patrullas de la CNI, se exploraron selvas y montañas para instalar guerrillas, etc.
Alentado por la Resistencia clandestina, se intensificó el heroico trabajo de los familiares de presos políticos y víctimas de la represión, nacieron las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las bolsas de cesantes y los “comprando juntos”, que conformaron un arco impresionante de Resistencia Popular. Es una historia todavía desconocida que tuvo miles de protagonistas anónimos. El pueblo chileno se engrandeció en esa hora de prueba.
La extensión y radicalización de la Resistencia introdujo un factor determinante en las negociaciones de la “transición pactada”. Existía la posibilidad de que ese proceso madurara hasta alcanzar la fuerza necesaria para derrocar a la dictadura. Esto habría significado lo contrario a la “transición pactada”: un gobierno de democracia avanzada en lo social y político. Frente a ese peligro, el imperio impuso el traspaso del gobierno a las manos confiables de la Socialdemocracia y la Democracia Cristiana, que ejercen tales funciones desde hace un cuarto de siglo. Sin embargo, la historia no ha terminado, recién comienza. La experiencia de la Resistencia -que se inicia con el ejemplo combatiente de Salvador Allende en La Moneda-, es un legado que debemos cuidar. A esto obedece nuestro llamado a rendir homenaje a Miguel Enríquez y a todos los héroes y mártires de la Resistencia. Son nuestros héroes y mártires.


MANUEL CABIESES DONOSO
 Publicado el 02 Octubre 2014

venerdì 26 settembre 2014

CECT. Comisión Ética Contra la Tortura

DECLARACION PÚBLICA

La Comisión Ética Contra la Tortura ante las declaraciones del Gobierno respecto de las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a sus anuncios en materia de Inteligencia, expone ante la opinión pública lo siguiente:
1.- Solicitamos al Gobierno derogar de manera inmediata la Ley Antiterrorista actualmente vigente, herencia de la dictadura militar que ha permitido perseguir a luchadoras y luchadores sociales, ayer concebidos como “enemigos internos” en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado y hoy aplicada al mapuche que se opone al sistema de explotación sin límites que destruye sus tierras, depreda sus bosques, contamina sus aguas, acaba con sus cementerios, entre otras consecuencias que se derivan de los proyectos económicos en territorios ancestrales.
2.- La Ley Antiterrorista y cualquier sucedáneo es un instrumento jurídico desestabilizador de la democracia y reñida con los derechos humanos. Esto lo ha hecho evidente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín-Catrimán y otros versus la República de Chile, notificado el día martes 29 de julio de 2014. Este fallo ha señalado que las resoluciones judiciales bajo aplicación por parte del Estado de Chile de la Ley Antiterrorista violaron el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, así como denotaron estereotipos y prejuicios que determinaron la violación de los principios de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo la Corte estableció que dichos fallos provocaron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir a los mismos. En consecuencia, las condenas en este caso han sido consideradas arbitrarias y absolutamente contradictorias con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, revelando que la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado de Chile permitió la persecución ilegal y criminalización de la protesta social mapuche.
3.- Somos enfáticos en señalar que nuestro país no requiere de una ley de excepción, ni siquiera para castigar delitos tan graves como el acontecido en el sector comercial de la comuna de Las Condes el día lunes 8 de septiembre 2014, dado que el ordenamiento jurídico existente ha dado muestras de suficiencia y eficacia para aplicar Justicia, tal como ha acontecido con los violadores de Derechos Humanos actualmente encarcelados, que habiendo ejercido el Terrorismo de Estado, han sido juzgados por leyes civiles que han logrado reconstruir verdaderos rompecabezas criminales a pesar del pacto de silencio que aún mantienen las instituciones armadas y sus integrantes. En ese mismo orden de ideas, rechazamos la existencia de una Agencia Nacional de Inteligencia con o sin funciones operativas, con atribuciones para infiltrar a los movimientos sociales, hacer escuchas telefónicas y otras prerrogativas que se proponen para una entidad a la que se la concibe como una especie de brazo de control represivo del poder político, bajo la tutela de los gobiernos de turno y por sobre las policías regulares actualmente en funciones.
4.- Nos parece del todo inapropiado presentar ante la opinión pública, en una misma línea discursiva, de una parte la aplicación y modificaciones a la Ley Antiterrorista vigente y de la otra la creación de un nuevo cuerpo policial bajo la orden directa del gobierno que no es otra cosa que una policía política que pretende naturalizar la infiltración policial en los movimientos sociales. Los agentes encubiertos en las marchas estudiantiles y mapuche que animan la violencia; los policías con credenciales de periodistas en manifestaciones y la infiltración como ha sido el caso de Raúl Castro Antipán en un grupo mapuche por orden de Carabineros de Chile, con el fin de alentar e instigar la realización de actos que luego significaron años de prisión para una decena de jóvenes mapuche (ataque a Tur Bus, año 2005), lo único que evidencian es la comisión de delitos graves realizados por agentes del Estado, en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo y la violencia.
5.- La soberanía y la democracia son bienes que deben protegerse y resguardarse. Las acciones que han anunciado ciertas autoridades del Estado desde los sucesos del lunes 8 de septiembre han tenido como su primera víctima al frágil sistema democrático construido post dictadura. De paso, estos gestos han negado la capacidad investigativas de las instituciones policiales, en tanto organismos auxiliares del sistema de justicia, dejando como segunda víctima nuestra soberanía y en claro entredicho nuestra autodeterminación como Estado, al convocar a cuerpos policiacos extranjeros como el norteamericano. Ante este escenario exigimos que se respeten las instituciones chilenas y su funcionamiento efectivo en la investigación de los graves delitos que la opinión pública ha conocido, se identifique realmente a los responsables y no se culpe a priori y encarcele a inocentes que luego son absueltos por la propia Justicia que recurriendo a las herramientas establecidas han tipificado y definido los delitos y castigos en el Código Penal. Chile, la policía y el sistema Judicial no requieren de agentes especiales venidos del país del norte; sólo necesitamos que cada institución del Estado ocupe su lugar y funcione.
6.-Finalmente, llamamos a los movimientos sociales y al movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos a no permitir que gane terreno el terror y el amedrentamiento con el que se nos quiere hacer callar. Luchamos por una democracia plena para Chile y su gente, así como por la soberanía, autodeterminación, las libertades civiles y políticas como derechos esenciales de nuestro pueblo. Ya es hora de terminar con todos los pretextos que nos impiden cambiar la constitución dictatorial y construir una democracia cuyo pilar fundamental tenga la voz del pueblo como soberano y la plena vigencia de los derechos que hoy nos son negados.
Comisión Ética Contra la Tortura

26 de Septiembre de 2014

martedì 16 settembre 2014

Hablemos de crisis, hegemonía y una nueva guerra mundial


 Publicado el 14 Septiembre 2014
 ESCRITO POR MARIO BRIONES R.
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Parte de la dinámica que está derivando en la tensión mundial que observamos, incluidos los efectos que se perciben en nuestro país, tienen un origen en la crisis mundial económica, que no solo es producto de una mala gestión económica, sino porque está derivando en una disputa geopolítica, donde las consecuencias no dan espacio para el optimismo.

La arrogancia de los líderes políticos les impide admitir los errores en su ideología e insisten en sostener un modelo económico con ciclos críticos de mayor duración y envergadura, caracterizado por un daño que se causa a miles de millones de personas, una vergonzosa concentración de la riqueza, el dominio monetario, la caída sistemática del empleo, la disminución productiva y la especulación financiera entre otros efectos.

Examinemos brevemente, como ha llegado el mundo a esta condición crítica de tensión mundial. Concluidas las dos guerras mundiales, la principal economía mundial, los Estados Unidos, vive varias décadas de auge hasta que en los años 70´s, se perciben que los beneficios de la post guerra empiezan a declinar porque los costos han aumentado, acelerados abruptamente por la crisis del petróleo, que tuvo su origen en otra intervención de EE UU en el medio oriente. Las dos guerras mundiales ocurren en Europa y una tercera guerra no sería extraño que tuviera como escenario a Europa y el medio Oriente, con una salvedad, los avances tecnológicos en armamentos, hace suponer que el territorio norteamericano se vería seriamente afectado. Las guerras dejaron la infraestructura de Europa y Japón en el suelo, lo que obligó a reconstruir los países desbastados y sus industrias productivas, incorporando los avances industriales y tecnológicos que se habían logrado en los años 50, 60 y 70, y que no se habían aplicado, esperando oportunidades ventajosas o propicias para hacerlo, tal como ocurre hoy con numerosas innovaciones.

En el caso de EE UU, la industria de guerra quedó intacta y fue adaptada para la producción civil, mucha de ella estaba desde antes de 1900. A fines de los 60´s se nota la obsolescencia debido a la producción renovada de Europa, especialmente de Asia. Pero además, se produjo otro fenómeno muy importante de recordar, la desmantelación sistemática de la política del New Deal, aplicada por el Presidente Rooselvet, que sacó a EE UU de la gran recesión de 1929. Estos factores son claves para entender la aplicación de los primeros diseños de la ingeniería financiera, que parten con el gobierno republicano de Ronald Reagan, generando a partir de 1981, tres decenios de la mayor desregulación económica, orquestada por hombres como Donald Reagan, Alan Greenspan, Robert Rubin, Lawrence Summers, etc. Lo señalado tiene vital importancia para entender lo que sucede en la actualidad, porque las conexiones del imperio del dinero son transversales y secretas. A Robert Rubín se la atribuye el inicio de una política, en tiempos de Clinton, (ya señalamos lo de la transversalidad) que permitiera a EE.UU., crecer sin inflación, manteniendo la hegemonía del dólar y que aumentara la riqueza de los norteamericanos. El único período con excedentes se logró en el mandato de Bill Clinton. Con anterioridad, Reagan y Bush (padre), aumentaron el déficits, luego Bush (hijo) hasta B. Obama, elevaron la deuda fiscal a más de 105 % del Pib.

La respuesta que dio Rubín fue, globalización, desregulación financiera, importación de productos baratos y déficit comercial financiado por un superávit de capital. Lo que se perseguía era proveer a EE UU., de productos extranjeros generados con mano de obra barata, incrementar la hegemonía americana inundando los mercados con dólares como moneda de pago y emitiendo deuda que permitiría pagar los déficits en Cta. Cte. A su vez, los organismos satélites como el Banco Mundial, FMI, etc., orquestaban planes de “ordenamiento” económico para presionar a los países políticamente o militarmente para abrir las economías. La economía global debía crecer, lo cual aseguraba la formación de más reservas en dólares en los países extranjeros, para permitir financiar los enormes saldos deficitarios fiscales de EE UU, lo cual requería dejar dólares fuera de EE UU, para contender la inflación interna y evitar la desvalorización de la moneda a nivel global. Hoy las reservas en el extranjero suman US$ 12 millones de millones, y la deuda fiscal de Estados Unidos es de US$ 17,7 millones de millones, y existen US$ 10,8 millones de millones estacionados en los bancos, lo cual significa que mayoritariamente los millones de millones de dólares del QE3 de la Fed, han ido a parar a cuentas bancarias del 1% del sector más rico de los norteamericanos.

Los desequilibrios que empiezan a producirse en la economía y las finanzas, tiene como primer responsable al modelo económico neo liberal patrocinado por las políticas de derecha que ha acumulado una deuda fiscalmundial global de US$ 100 millones de millones, donde los TLC aumentaron el mercado globalizado y sirvió para que los grupos transnacionales tomaran posiciones dominantes de mercado. En Chile la orden llegó en forma de dictadura para abrir la economía de un zarpazo, con las armas, lo que incluyó la revolución universitaria del año 81 de Pinochet, que encuentra en Jaime Guzmán a uno de sus defensores más radicales, con frases como, “La decisión de terminar con esta injusticia social, y que cada persona pague el valor de su educación superior, alcanza la mayor importancia ética dentro del camino hacia una sociedad más justa”. Treinta y tres años después la falsedad ideológica queda demostrada por la cantidad de políticos de derecha dueños y lucrando con las universidades y no solo respecto de la política universitaria, sino porque se había creado una de las sociedades más injusta y con peor distribución de la renta, la chilena.

La globalización económica es producto de la ingeniería económica, creada para expandir mundialmente la economía de mercado con el dólar como ariete, con la finalidad de trasladar la riqueza a Estados Unidos, imprimiendo billetes, emitiendo deuda y distribuyendo en todo el mundo los “mágicos” instrumentos bancarios con activos financieros “basura” que llamaron “CDO”, “SIV”, “SVP”, etc., que nadie sabía lo que contenían pero que todos compraban por su gran rentabilidad, hasta que llegó el desastre financiero del 2008, con recesión en todo el mundo y desequilibrios monumentales entre la economía real y la valoración financiera que reventó con la burbuja.

La locura financiera no ha terminado. A partir del 2009, cinco años después seguimos en crisis y se estima en US$ 12 millones de millones las emisiones de los bancos centrales, porque a la fiesta de EE UU., se han unido además Japón, el Reino Unido, Europa, con tasas de casi 0 %. Lo que está en riesgo hoy es el modelo que sustenta la hegemonía económica y monetaria de Estados Unidos. Países como Rusia están desechando seguir utilizando el dólar como moneda de pago y están firmando contratos con su propia moneda u otras en temas vitales como el petróleo, en consecuencia, las tensiones por Ucrania que está arrastrando a Europa a hundirse en una mayor recesión, esconde la disputa hegemónica. Falta a futuro que se incorpore el rol, en este mismo sentido, que jugará China, porque está latente otro peligro, la corrección bursátil producto de una gran burbuja que hará caer las bolsas, sostenidas solo por la cantidad de dólares emitidos por los bancos centrales, pero que al no tener respaldo en los resultados reales de las empresas, terminará por botar los precios de todos los activos sobre valorados.

Las burbujas se forman por la excesiva oferta de dinero que eleva los precios de los activos, y que hoy se estiman sobrevalorados en cerca del 80% según diversos ratios de valoración aplicados. Luego la sola mención de aumentar las tasas de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos, repercuten en caídas de las bolsas, que alertan del aumento de las tasas. La mayor deuda acumulada, produce más costos por los intereses a financiar, repercutiendo en más déficits en una economía débil. Además, acarrea la cesación de pagos como ocurrió con las crisis de las Compañías punto Com, o la deuda Sub prime de las hipotecas que produjeron parálisis económica y barrió con años de trabajo de la ciudadanía. Existen dos ejemplos de nuevas deudas que es bueno mencionar. La venta y el aumento de vehículos nuevos se han financiado con más deuda. El 60% de los norteamericanos dicen que no podrían llegar a US$ 400 en caso de emergencia sin pedir prestado o empeñar algo, su ahorro no es más de 5 % y un alza en los costos por intereses sin que vaya acompañado de un aumento de las remuneraciones, produce impagos. El otro caso que está presente, es la deuda de los estudiantes, que adquirió características desbordadas.

La Reserva Federal planea imponer a los bancos más grandes de EE.UU. un nuevo sobrecargo de capital para obligarlos a elevar sus reservas contra posibles pérdidas y así reducir el riesgo de que algunas firmas sigan siendo "demasiado grandes para quebrar", lo que disminuye los ingresos en la banca, pero además, es una manera clara de notificar la incertidumbre que existe en la economía. Según Jim Reid, de Deutsche Bank "Es probable que sea necesario que la burbuja continúe con el fin de mantener el actual sistema financiero global y el necesario desapalancamiento futuro”, Lo que no dice Reid es que sólo el "1%" se beneficia de la burbuja. La riqueza y los ingresos de todos los demás son cada vez menores, lo que la FED se ha visto obligada a admitir.

Hemos llegado a un punto en que la crisis económica revela una crisis mayor, que es la corrupción política. Para muestra un botón, en Chile, el Sr. Armando Lolas, Vice Director del Proyecto Alto Maipo, reconoció en entrevista publicada el 05/09/2014, que solo pueden generar 190 MW y que el 80% de esta energía sólo sería para alimentar la minera los Pelambres de la familia Luksic y todos sabemos que hay importante políticos que han trabajado o trabajan para dicho grupo. Chile, Panamá y Costa Rica lideran la lista de los países más competitivos de Latinoamérica, según reciente clasificación mundial elaborada por el Foro Económico Mundial. Pero se habla poco de los altos costos de vida que pagan los chilenos en alimentos, locomoción, vivienda, educación, servicios y otros, incluso mayores que en las economías desarrolladas, salvo que los ingresos de la mayoría de los trabajadores chilenos promedian los US$ 600, valor que en los países desarrollados sería, vivir en la extrema pobreza.

En el orden internacional, en este afán de imponer un modelo neo liberal fracasado, con fuertes orígenes religiosos, nos traslada al resurgimiento de los yihadistas y su Estado Islámico, cuya postura religiosa es aún más inamovible. Producto de otra intervención armada, la invasión de Irak ocurre cuando Bush mintió al mundo sobre la existencia de armas de destrucción masiva. La intervención en Irak no fue para derrotar a Hussein, sino para trasladar la riqueza petrolera a EE UU, cuyas consecuencias aún no terminan y están en plena dinámica. Puede ser el gatillante de una tercera guerra mundial. Algunos creen que las palabras libertad y democracia, conceptos que para los propios occidentales resultan vacios, se les puede aplicar a otros a sangre y fuego. Primero invadiéndolos y luego bombardeándolos para “asentar” estas “jóvenes democracias” como las llama Henry Kissinger. Es la misma falsedad de conceptos que nos agobian a todos, moros y cristianos, musulmanes y hebreos, negros, etc. “Cuando los hombres creen no temer más que a su Dios, no se detienen en general ante nada”. Barón Holbach, siglo XVIII.

Nuestro gran problema como sociedad, es que virtualmente toda la comunicación es digital y esté cifrada o no, las agencias gubernamentales tienen acceso a ellas y empresas como Google, Microsoft, Twitter, Facebook etc., están dispuestas a entregar información detallada de cada movimiento que realizan las personas. Lo que no entienden quienes controlan el mundo, es que cuando las injusticias de todo orden sobrepasan cierto límite, nada importa hasta recuperar el equilibrio. Lo que no sabemos, es si habrá un ganador ante una tercera guerra mundial.

Mario Briones R.


sabato 16 agosto 2014

El Gobierno canadiense y sus principales líderes políticos no han condenado la masacre.

Esta es una traducción libre del mismo autor, sobre un artículo enviado a la prensa en Canadá, al gobierno canadiense y líderes políticos y sociales relacionado con la agresión de lesa humanidad de Israel contra el pueblo palestino.  (http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.ca/2014/08/canadas-government-and-key-political.html)

El Gobierno canadiense en forma reiterada ha apoyado a Israel en el crimen contra el pueblo palestino. Los principales
líderes políticos (Tom Mulcair, Partido NDP – social democracia, y Justin Trudeau, Liberal) no han condenado la masacre contra el pueblo palestino. Se asocian a las actitudes de los EEUU.  Pero sí, lo han hecho los canadienses en las calles, así como las organizaciones de derechos humanos e instituciones sociales las que denuncian.
Las fotos incluidas, parte de millares de evidencias que
circulan, valen más que miles de palabras de los gobiernos y mandatarios que
defienden el crimen o esconden la cara en complicidad criminal.

¿Apoya el gobierno de Canadá a los niños palestinos bajo las bombas israelíes? ¿Es este el "compromiso tradicional de

Canada por la paz y la reconciliación"? (De una carta personal de Tom Mulcair a los editores del Star)  Justin Trudeau, Líder Liberal, no abre la boca.
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Deepak Obhrai, Secretario Parlamentario
del Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá
, en la página editorial del Toronto Star (Marzo 11 de agosto 2014) menciona irresponsablemente: 

"Esta organización terrorista continúa
poniendo en riesgo a palestinos inocentes, escondiéndose cobardemente detrás de ellos en zonas civiles, mientras que sigue el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel. Israel toma grandes precauciones para proteger a los civiles; ¿Puede Hamas decir lo mismo?" 

http://9news.static9.net.au/~/media/images/2014/
"Docena de cuerpos fueron recuperados de entre 
los escombros durante la tregua en Gaza"; se suponía que 
estarían seguros pero esos refugios fueron bombardeados 
selectivamente y no evitaron a civiles o niños como 
mienten para justificarlo.
"El Secretario Parlamentario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá sigue culpando a las víctimas: ¿Son estas fotos de Gaza, bajo los brutales bombardeos israelíes, lo que el Sr. Obhrai llama "gran precaución para proteger a los civiles" ¿Es realmente esto lo que él implica, fingiendo amar a los niños asesinados más que sus propios padres?

http://themillenniumreport.com/wp-content/uploads/
2014/07/PAL-dead-children-in-gaza-morgue.jpg
Los niños muertos en la morgue de Gaza 
después de los bombardeos desde tierra, aire y mar. 
¿O bien, son estos los niños que el Ministerio de Relaciones Exterior y el Primer Ministro S. Harper quieren "protegerlos de sus padres terroristas"?. El líder de la oposición NDP, Tom Mulcair, parece estar de acuerdo plenamente con el grotesco "compromiso con la paz y la reconciliación" que él mismo describe en The Star (8 de agosto 2014, página A11) hecha por el gobierno de Canadá. El líder liberal, Justin Trudeau, se queda sin habla en esta brutal agresión militar contra un pueblo sitiado, cuya tierra, vida y calidad humana les son negadas en esta masacre. Como pediatra
sólo puedo expresar frustración y vergüenza. ¡Qué vergüenza! Los canadienses no están jugando con estrategias electorales, los politiqueros, como en todas partes, sí.  Incluso el Secretario General de la ONU dice que "esto no es una guerra sino una masacre". En realidad es un intento de genocidio. La ONU ha exigido una investigación de estos crímenes contra la humanidad. Vienen a la mente acciones nazis como las hechas en la Segunda Guerra Mundial en Lídice, un pueblito, cerca de Praga (
República Checa) donde masacraron brutalmente a más de 300 personas, muchos eran niños. Pero en Gaza los números son muy superiores.


¿Son estos los “cuidadosos ataques aéreos de Israel destinados a no tocar a civiles y niños"? 

Recordemos que estas declaraciones son hechas en el contexto de masacres que han causado graves daños en la población civil: casi 2.000 muertos, niños (464  muertos) y heridos (más de 10.000), además de 500.000 refugiados, que fueron heridos mientras estaban bajo protección de la ONU en lugares designados como refugios a la autoridad Israelí. Es decir, eran designados y conocidos por las fuerzas israelíes. Pues esos refugios fueron bombardeados dentro de la hora que se les avisó causando 11 muertos adicionales del personal de ONU ocurrieron en esos refugios.

Frente a las atrocidades que el mundo puede "ofrecer", permanecer en silencio o aceptar es transformarse en cómplice. 

Los crímenes contra el pueblo palestino no son justificables bajo ningún punto de vista. Son crímenes contra la humanidad. Nadie puede pretender que, por haber sufrido en algún momento, eso le está permitido hacérselo a otro. 

Un torturado jamás podría justificar transformarse en un torturador. No son conceptos éticos subjetivos ni relativos o acomodaticios.

 












































martedì 22 luglio 2014

DERECHOS HUMANOS EN CHILE -Resumen mensual- Prensa FASIC

Detenido el ex fiscal Podlech por la desaparición de Jaime Eltit
 
02 de junio: El ex Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud, que estuvo arrestado en Italia por el secuestro del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, fue nuevamente detenido y permanece en esa condición por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, que desapareció luego de su paso por el Regimiento Tucapel de La Araucanía.
 
Eltit Spielmann, abogado, militante de la Juventud Radical y hermano del ex intendente Jaime Eltit, fue detenido en Santiago el día 13 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y en octubre fue llevado al Regimiento Tucapel. Allí su hermano y varios otros testigos dicen haberlo visto en malas condiciones físicas y con evidentes signos de haber sido golpeado. Desde ese lugar se le perdió su rastro a contar del día 13 de octubre de 1973.
 
Ex agentes de la DINA suman nueva condena
 
02 de junio: La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974, en la ciudad de Coronel, Octava Región,  y cuyo último paradero conocido fue la ex Colonia Dignidad.
 
Los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, condenaron a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, a los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Orlando Manzo Durán, Fernando Gómez Segovia; y al coronel en retiro de Carabineros Sergio Apablaza Rozas, y el suboficial de Carabineros en retiro Manuel Rioseco Paredes. Además, la sala mantuvo la absolución del ex miembro de la Colonia Dignidad Gerd Seewald Lefevre.
 
En el aspecto civil, el tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó al fisco y  los condenados a pagar una indemnización de 155 millones, por daño moral, a los familiares de la víctima.
 
Ministro Carroza dicta auto de procesamiento por causas de DDHH
 
02 de junio: El ministro, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en tres causas por violación a los DDHH, perpetradas entre 1973 y 1975, en la Región Metropolitana, y que incluye a agentes de Estado.
 
En la primera resolución, el magistrado procesó a los miembros en retiro de Carabineros Alan González Morán, Luis Solís Lillo, Hugo Pizarro Wittemberg y José González Inostroza, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Sergio Alcapia Cienfuegos y Juan Carlos Valle Cortés y el secuestro calificado de Juan Ortiz Moraga, ocurridos el 21 de octubre de 1973.
 
En la segunda resolución, el ministro Carroza procesó al ex director la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Mónica Llanca Iturra, ocurrido a partir del 6 de septiembre de 1974.
 
En la tercera resolución, el magistrado encausó a los oficiales de Carabineros en retiro Sergio Ávila Quiroga e Ismael González Vega por su responsabilidad en el homicidio de José Quiroz Opazo, ocurrido el 27 de octubre de 1975, en la Región Metropolitana.
 
Ministro Carroza dicta acusación por torturas aplicadas a prisioneros
 
03 de junio: El ministro Mario Carroza, dictó acusación por los delitos de torturas, perpetrados en contra de los prisioneros políticos Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, sobrevivientes del centro de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas, de la comuna de Ñuñoa.
 
En la acusación, Carroza responsabiliza a los ex agentes de la DINA: Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana, como autores de los tormentos aplicados al matrimonio, que fue detenido, en septiembre de 1974, en la comuna de Las Condes.
 
El dictamen dice que: "La DINA, disponía de recintos secretos, entre los que se encontraba el cuartel ubicado en José Domingo Cañas, que servían como centros de detención, interrogación y tortura, los cuales no se trataban de establecimientos carcelarios de aquellos destinados a la detención de personas establecido en el Decreto Supremo N° 805 del Ministerio de Justicia de 1928”.
 
Ministro Arancibia dicta procesamiento por tortura y homicidio
 
06 de junio: El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Alberto Badilla Grillo, y al ex funcionario de Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga, como autores de los delitos de tortura y homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo, ilícitos perpetrados noviembre de 1977, en Valparaíso.
 
De acuerdo a los antecedentes, se logró establecer que el 11 de noviembre de 1977, López Olmedo fue  "detenido por agentes del "CIRE" de la Armada de Chile, en un operativo (ratonera), realizado en el domicilio de un familiar de la víctima. En dicho lugar, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa (…) ya con evidentes signos de maltrato. A continuación es acribillado por los agentes que participaron en la operación, siendo trasladado al Hospital Naval de Valparaíso, llegando fallecido por anemia aguda".
 
Ministro Llanos dicta procesamiento por dos homicidios en Rinconada de Maipú
 
06 de junio: El ministro Leopoldo Llanos, dictó auto de procesamiento en la investigación por los homicidios calificados de Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Gelves, militante del MIR el primero y del Partido Comunista el segundo, ilícitos perpetrados el 19 de noviembre de 1975, en el sector de Rinconada de Maipú.
 
El magistrado encausó a los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff  y Basclay Zapata, en calidad de autores de ambos homicidios. Además, procesó, como encubridor, al ex agente de la DINA Ricardo Lawrence.
 
Según la investigación, ambos ejecutados fueron víctimas de una operación de montaje realizada por la DINA para hacer aparecer como muertos en un enfrentamiento a un total de seis personas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y al Partido Comunista, las que habían sido detenidas y torturadas en el centro de detención ilegal de Villa Grimaldi.
 
Ministro Arancibia dicta procesamiento por homicidio de 1973
 
09 de junio: El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a los ex funcionarios de Carabineros Renán Ahumada Guillermo Bermúdez y Orlando Astete, como autores de homicidio calificado en la persona de Onofre Peña Castro, hecho acaecido el 9 de octubre de 1973 en el límite de las localidades de Ocoa e Hijuelas, en la Región de Valparaíso. 
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró establecer que Peña Castro -a la fecha Regidor de Catemu- tras ser detenido por efectivos de Carabineros y trasportado a la tenencia de esta localidad "es trasladado al sector del túnel La Calavera, lugar en donde es ametrallado por los funcionarios que lo custodiaban, recibiendo impactos de bala en la cabeza y tórax. Su cuerpo fue hallado en un canal de regadío a los días después, esto es, el 17 de octubrede 1973, por uno de sus hijos". 
 
Dictan procesamiento por secuestro calificado de hermanos Sepúlveda Torres
 
09 de junio: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre sometió a proceso y prisión preventiva a 17 ex funcionarios de Carabineros, como autores del delito de secuestro calificado contra los hermanos Osvaldo y Gardenio  Sepúlveda Torres, perpetrado en la Comuna de Cunco, el 21 de septiembre de 1973.
 
Por esta causa fueron sometidos a proceso y prisión preventiva como autores: Clenardo Figueroa, Ramón Calfulipi; Gamaliel Soto Carlos CEA , Girlondy Chabouty y Héctor Catrilef; en calidad de cómplices fueron encausados: Saturnino San Martín, Rolando Cea  Blas Calderón Carlos Montenegro y  Paúl Vicente. Encubridores fueron encausados: José Uribe, Juan Padilla, José  Pérez, Israel Hernandez Hugo Bornard, Francisco Vallejos.
 
De acuerdo a los antecedentes de la  causa, “con fecha 14 de septiembre de ese año, los hermanos Gardenio y Osvaldo Sepúlveda Torres  fueron detenidos por primera vez, al presentarse voluntariamente junto a su hermano Luis Alberto ante los Carabineros, fueron dejados en libertad el mismo día, con la obligación de acudir a firmar diariamente. El día 20 de septiembre de 1973,  fueron a firmar, pero esta vez quedaron detenidos, salvo Luis Alberto que fue dejado en libertad. Junto con ellos permanecieron detenidos Ponciano Sagredo, Edilberto Lagos, Juan Reinoso, Adelmo Henríquez y un detenido de apellido Sáez. Transcurridas algunas horas fueron trasladados desde Los Laureles hasta la tenencia de Cunco, donde los hermanos Sepúlveda fueron encerrados en una celda junto a otros dos detenidos hasta el día siguiente, donde fueron trasladados por carabineros, desconociéndose a la fecha su actual paradero".
 
Ministro Álvaro Mesa dicta procesamiento por homicidio en Curacautín en 1976
 
09 de junio: El ministro en Visita Extraordinaria  Álvaro Mesa Latorre sometió a proceso y prisión preventiva Roberto Antonio Leal Orellana, como autor del delito de homicidio contra Jorge San Martín Lizama, perpetrado en la comuna de Curacautín, en el mes de julio de 1976.
 
De acuerdo a los antecedentes de la  causa, se ha logrado determinar los siguientes hechos: "El día 17 de julio de 1976, en horas de la noche, tres funcionarios de carabineros de la 5° Comisaría de Curacautín, tras recibir una denuncia telefónica por supuesto robo, concurrieron hasta el domicilio señalado en la llamada. En el lugar y en compañía del civil denunciante, dos de los uniformados ingresaron al recinto del domicilio, quedando el tercer policía vigilando el exterior, en la vía pública… Los uniformados se percataron de la presencia de una persona - identificado posteriormente como Jorge San Martín Lizama- quien al verse sorprendido lanzó un elemento desde el interior del inmueble, impactando uno de sus vidrios, quebrándolo" 
 
El dictamen que agrega que "estando en el interior de la habitación, San Martín Lizama recibió un impacto de bala en su cuerpo, ya que mientras el cabo de carabinero  se acercaba a mirar por el vidrio antes quebrado, con la única linterna que permitía la visibilidad de los uniformados, el policía procedió a disparar su arma de servicio en contra de éste, aun consciente, Jorge San Martín Lizama, fue trasladado hasta el hospital de Curacautín y posteriormente al hospital regional de Temuco, ingresando fallecido a éste último centro asistencial el día 18 de julio de 1976". 
 
Corte Suprema ordena pagar indemnización a familiares de víctimas de comando conjunto
 
11 de junio: La  Corte Suprema determinó que el Fisco debe pagar una indemnización total de 500 millones de pesos a  cinco familiares de  tres víctimas del denominado Comando Conjunto desaparecidos entre el 3 de noviembre de 1975 y el 26 de julio de 1976 en la región Metropolitana.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron el recurso de casación y ordenaron que el Fisco pague  100 millones de pesos a cada uno de los cinco parientes de   José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli Company, perpetrados en Santiago el 3 de noviembre de 1975 y el 26 de julio de 1976.
  
La sentencia determina que los hechos son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto deben ser reparados tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil de acuerdo a la legislación internacional que regula la materia.
 
Corte ratifica condena de 8 años para ex CNI Álvaro Corbalán
 
12 de junio: El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, fue declarado culpable del secuestro calificado del militante del MIR Sergio Ruiz Lazo,  hecho sucedido en 1984.

La resolución unánime, de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez contra el ex mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla y el coronel retirado Aquiles González Cortés, ambos pertenecientes a la CNI.

Sergio Ruiz Lazo, 34 años, la víctima, era un dirigente sindical y militante del Movimiento de MIR que ingresó de forma clandestina a Chile en 1983 para incorporarse a la resistencia contra la dictadura después de haber vivido varios años exiliado en Francia, con prohibición de regresar a su país.

Fue secuestrado el 20 de diciembre de 1984 por agentes de la CNI que lo llevaron al llamado “Cuartel Borgoño” del organismo, donde según testimonios de supervivientes fue torturado durante varios días, hasta que no se le volvió a ver.

En la parte civil del juicio, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 70 millones de pesos a los familiares de la víctima.
 
Rousseff y Bachelet acuerdan intercambiar datos de violaciones de DDHH
 
12 de junio: La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y la Mandataria chilena, Michelle Bachelet, acordaron que sus gobiernos intercambiarán información sobre violaciones de DDHH ocurridas durante las últimas dictaduras en sus países durante el breve encuentro que sostuvieron en Brasilia.
 
Fuentes oficiales brasileñas dijeron que la información que pueda aportar Chile sobre la cooperación que los gobiernos militares de ambos países tuvieron durante la década de los años 70 será entregada a la Comisión de la Verdad, creada por Rousseff hace 3 años con la intención de esclarecer crímenes ocurridos durante la dictadura (1964-1985).
 
Abusos policiales recoge el informe INDH 2013
 
12 de junio:  Vejaciones a detenidos en marchas, uso desproporcionado de la fuerza a la hora de controlar las manifestaciones, abusos contra niños mapuches en las comunidades del sur, y una "débil reacción estatal" son algunos de los elementos que aparecen en el Informe Anual 2013 elaborado por el INDH.
 
Tras entregar el informe al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la directora del Instituto, Lorena Fríes, dijo que aún hay una brecha entre el "actuar concreto de los carabineros en las calles" y los protocolos de la institución que regulan este tipo de materias.
 
Ministro Miguel Vázquez dicta acusación por secuestro de Reinalda Pereira
 
13 de junio: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza, detenida desaparecida desde el 15 de diciembre de 1976  en la región Metropolitana.
 
El magistrado responsabilizó a 51 ex integrantes de la Dirección DINA que cumplían funciones en el cuartel Simón Bolívar por el delito que afectó a la mujer  que se encontraba embarazada al momento de su desaparición.
 
Entre la nómina de agentes aparecen Manuel Contreras, Pedro Espinoza; Ricardo Lawrence, entre otros.
 
De acuerdo a los antecedentes de los hechos se determinó que: "se encuentra legalmente acreditado que, pasadas las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 1976, en las calles Exequiel Fernández con Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, 29 años de edad, tecnóloga médica y militante comunista, quien se encontraba embarazada, fue detenida por agentes de la DINA que se movilizaban en dos automóviles, siendo ingresada a la fuerza a uno de ellos y trasladada a un cuartel secreto ubicado en calle Simón Bolívar 8.800, donde fue interrogada bajo apremios ilegítimos y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero.
 
Que, los hechos descritos en el número 2°, configuran la existencia del delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, previsto y sancionado en el inciso 3 del artículo 141 del Código Penal de la época, toda vez que del encierro de la víctima resultó un grave daño en su persona, puesto que no se le volvió a ver con vida".
 
Ministro Carroza procesa a dos carabineros en retiro por muerte de dirigente
 
17 de junio: El ministro Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el homicidio calificado de Ricardo Ruz Zañartu, ocurrido el 27 de noviembre de 1979, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.
 
En la causa, el magistrado sometió a proceso a los funcionarios en retiro de Carabineros: Luis Monroy y José Orellana por su responsabilidad –en calidad de autores en el homicidio del ex dirigente del MIR.
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, en horas de la tarde del 27 de noviembre de 1979, "en circunstancia que la víctima Ricardo Ruz Zañartu, 34 años, profesor, militante del  MIR, se dirigía a una reunión en un taxi, , fue interceptado por Carabineros en un control vehicular, ante lo cual y obedeciendo a las instrucciones del Carabinero de Tránsito que detuvo el automóvil, , y en circunstancias en que la víctima iba a descender del vehículo,  éste extrajo una pistola marca Browning, calibre 9mm, con la cual disparó desde el interior del vehículo en contra del personal fiscalizador, a la vez que descendía del taxi, dándose a la fuga,  produciéndose un intercambio de disparos entre el personal de Carabineros  y Ruz Zañartu, siendo alcanzado por los impactos, ante lo cual, continúa su huida posteriormente  cae al suelo,  y en esas circunstancias se acerca un funcionario policial, quien le dispara ocasionando finalmente su muerte".
 
La versión oficial, entregada por el personal de Carabineros de Chile que participó en los hechos, señala que "la víctima habría fallecido a consecuencia de un enfrentamiento, desestimándose ésta, por cuanto consta en el proceso abundante prueba que demuestra que Ricardo Delfín Ruz Zañartu, falleció producto de los traumatismos de las extremidades y pelviano por balas y anemia aguda consecutivo", agrega la resolución.
 
Chile confirma a consejo de DDHH que no aplicará ley antiterrorista a indígenas
 
19 de junio: El Gobierno de Chile confirmó en el Consejo de DDHH de la ONU su compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista a los indígenas por actos de protesta, así como de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. ”dijo en ese foro la embajadora chilena ante las UN en Ginebra, Marta Maurás
 
Ministro Carroza dicta acusación en caso de secuestro calificado de José Calderón Ovalle
 
24 de junio: El ministro Mario Carroza  dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de José Calderón Ovalle, ocurrida a partir del  17 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana. El magistrado responsabilizó del delito a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  Manuel Contreras, Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff  y Marcelo Moren. 
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa se logró determinar que "El día 17 de febrero de 1975, José Calderón Ovalle, de 34 años, jardinero, militante del MIR),  y dirigente conocido como "El Viejo de Lo Hermida" en alusión al sector donde cumplía labores con pobladores, fue detenido en la vía pública, por agentes de la DINA, sin que existiera orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase, quienes los condujeron hasta el recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi  o Cuartel Terranova, donde fue visto por otros detenidos que recuperaron su libertad y entregaron su testimonio. José Calderón Ovalle, permaneció en dicho lugar privado de libertad hasta finales del mes de febrero de 1975, fecha en que se pierde su rastro, coincidentemente con la ausencia de otros detenidos, de quienes se escuchó decir serían trasladados hasta Puerto Montt, palabra clave utilizada por agentes, en alusión a su eventual muerte y desaparición, ignorándose desde entonces su paradero,
 
Ministra Olivares dicta acusación en caso de homicidio calificado en Pisagua
 
24 de junio: La presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique y ministra en visita para causas de DDHH, Mónica Olivares Ojeda, dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado de Isaías Higuera Zúñiga, ocurrido el 11 de enero de 1974 en la localidad de Pisagua.
 
 La magistrada responsabilizó por el delito de homicidio calificado a los miembros en retiro del Ejército Miguel  Aguirre  y Blas  Barraza.
 De acuerdo a los antecedentes de la  Comisión de Verdad y Reconciliación: "El 11 de enero de 1974 fallece Isaías Higuera Zúñiga, 39 años, gendarme en la Cárcel de Iquique, militante comunista. Había sido detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones, en Iquique, siendo trasladado posteriormente a Pisagua.  La cónyuge recibió oficialmente la versión que su marido había muerto de un infarto al corazón.  Esta información fue entregada por quien entonces era Alcaide de la Cárcel de Iquique y ratificada en dependencias de la VI División del Ejército, en esa ciudad.  Los restos de Isaías Higueras fueron entregados a su cónyuge dentro de una urna sellada. Esta Comisión se encuentra convencida, especialmente por las declaraciones de múltiples y concordantes testigos presenciales que ella conoció, que su muerte se produjo a resultas de los apremios ilegítimos de que fue objeto por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido en el campo de prisioneros de Pisagua donde sus custodios lo golpearon hasta darle muerte".
 
Instan a Australia a iniciar proceso de extradición a ex secretaria del “mamo”
 
26 de junio: Telmo Languiller, legislador del estado australiano de Victoria, presentó el caso ante el Parlamento y solicitó al fiscal general australiano, George Brandis, que confirme haber recibido el pedido de Chile para comenzar el procedimiento contra Adriana Rivas.
 
Rivas fue una agente de la Brigada Lautaro, que era una unidad operativa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y secretaria de su jefe, Manuel Contreras.
Ella es requerida por la justicia chilena por el secuestro, desaparición y muerte de un líder comunista en 1977, entre otros casos.

INDH entrega premio de DDHH

30 de junio: María Soledad Cisternas, presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue elegida por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para recibir el Premio Nacional de DDHH 2014. Su amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas con discapacidades y su compromiso con otros derechos como el acceso a la justicia, el derecho a voto y los derechos de los pueblos indígenas merecieron un reconocimiento a través de este galardón.


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