Detenido el ex fiscal Podlech por la desaparición
de Jaime Eltit
02 de junio: El ex Fiscal Militar, Alfonso
Podlech Michaud, que estuvo arrestado en Italia por el secuestro del ex
sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, fue nuevamente detenido y permanece en
esa condición por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, que
desapareció luego de su paso por el Regimiento Tucapel de La
Araucanía.
Eltit Spielmann, abogado, militante de la Juventud
Radical y hermano del ex intendente Jaime Eltit, fue detenido en Santiago el día
13 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y en octubre fue llevado al
Regimiento Tucapel. Allí su hermano y varios otros testigos dicen haberlo visto
en malas condiciones físicas y con evidentes signos de haber sido golpeado.
Desde ese lugar se le perdió su rastro a contar del día 13 de octubre de
1973.
Ex agentes de la DINA suman nueva
condena
02 de junio: La Corte de Apelaciones de
Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el
secuestro calificado de Pedro Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de
septiembre de 1974, en la ciudad de Coronel, Octava Región, y cuyo último
paradero conocido fue la ex Colonia Dignidad.
Los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de
alzada, condenaron a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, a
los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza
Bravo, Orlando Manzo Durán, Fernando Gómez Segovia; y al coronel en retiro de
Carabineros Sergio Apablaza Rozas, y el suboficial de Carabineros en
retiro Manuel Rioseco Paredes. Además, la sala mantuvo la absolución del ex
miembro de la Colonia Dignidad Gerd Seewald Lefevre.
En el aspecto civil, el tribunal de alzada ratificó
la sentencia que condenó al fisco y los condenados a pagar una indemnización de
155 millones, por daño moral, a los familiares de la
víctima.
Ministro Carroza dicta auto de procesamiento por
causas de DDHH
02 de junio: El ministro, Mario Carroza,
dictó auto de procesamiento en tres causas por violación a los DDHH, perpetradas
entre 1973 y 1975, en la Región Metropolitana, y que incluye a agentes de
Estado.
En la primera resolución, el magistrado procesó a los
miembros en retiro de Carabineros Alan González Morán, Luis Solís Lillo, Hugo
Pizarro Wittemberg y José González Inostroza, por su responsabilidad en los
homicidios calificados de Sergio Alcapia Cienfuegos y Juan Carlos Valle Cortés y
el secuestro calificado de Juan Ortiz Moraga, ocurridos el 21 de octubre de
1973.
En la segunda resolución, el ministro Carroza procesó
al ex director la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, por su responsabilidad en el
secuestro calificado de Mónica Llanca Iturra, ocurrido a partir del 6 de
septiembre de 1974.
En la tercera resolución, el magistrado encausó a los
oficiales de Carabineros en retiro Sergio Ávila Quiroga e Ismael González
Vega por su responsabilidad en el homicidio de José Quiroz Opazo, ocurrido el 27
de octubre de 1975, en la Región Metropolitana.
Ministro Carroza dicta acusación por torturas
aplicadas a prisioneros
03 de junio: El ministro Mario Carroza, dictó
acusación por los delitos de torturas, perpetrados en contra de los prisioneros
políticos Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, sobrevivientes del
centro de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas, de la
comuna de Ñuñoa.
En la acusación, Carroza responsabiliza a los ex
agentes de la DINA: Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando
Lauriani Maturana, como autores de los tormentos aplicados al matrimonio, que
fue detenido, en septiembre de 1974, en la comuna de Las
Condes.
El dictamen dice que: "La DINA, disponía de recintos
secretos, entre los que se encontraba el cuartel ubicado en José Domingo
Cañas, que servían como centros de detención, interrogación y tortura, los
cuales no se trataban de establecimientos carcelarios de aquellos destinados a
la detención de personas establecido en el Decreto Supremo N° 805 del Ministerio
de Justicia de 1928”.
Ministro Arancibia dicta procesamiento por tortura
y homicidio
06 de junio: El ministro de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso al ex
funcionario de la Armada Alberto Badilla Grillo, y al ex funcionario de
Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga, como autores de los delitos de tortura y
homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo, ilícitos perpetrados
noviembre de 1977, en Valparaíso.
De acuerdo a los antecedentes, se logró establecer
que el 11 de noviembre de 1977, López Olmedo fue "detenido por agentes del
"CIRE" de la Armada de Chile, en un operativo (ratonera), realizado en el
domicilio de un familiar de la víctima. En dicho lugar, Enrique López Olmedo es
amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus
captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la
casa (…) ya con evidentes signos de maltrato. A continuación es acribillado por
los agentes que participaron en la operación, siendo trasladado al Hospital
Naval de Valparaíso, llegando fallecido por anemia aguda".
Ministro Llanos dicta procesamiento por dos
homicidios en Rinconada de Maipú
06 de junio: El ministro Leopoldo Llanos,
dictó auto de procesamiento en la investigación por los homicidios calificados
de Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Gelves, militante del MIR el primero y
del Partido Comunista el segundo, ilícitos perpetrados el 19 de noviembre de
1975, en el sector de Rinconada de Maipú.
El magistrado encausó a los ex agentes de la
DINA: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff
y Basclay Zapata, en calidad de autores de ambos homicidios. Además, procesó,
como encubridor, al ex agente de la DINA Ricardo Lawrence.
Según la investigación, ambos ejecutados fueron
víctimas de una operación de montaje realizada por la DINA para hacer aparecer
como muertos en un enfrentamiento a un total de seis personas vinculadas al
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y al Partido Comunista, las que
habían sido detenidas y torturadas en el centro de detención ilegal de Villa
Grimaldi.
Ministro Arancibia dicta procesamiento por
homicidio de 1973
09 de junio: El ministro de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a los ex
funcionarios de Carabineros Renán Ahumada Guillermo Bermúdez y Orlando Astete,
como autores de homicidio calificado en la persona de Onofre Peña Castro, hecho
acaecido el 9 de octubre de 1973 en el límite de las localidades de Ocoa e
Hijuelas, en la Región de Valparaíso.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró
establecer que Peña Castro -a la fecha Regidor de Catemu- tras ser detenido por
efectivos de Carabineros y trasportado a la tenencia de esta localidad "es
trasladado al sector del túnel La Calavera, lugar en donde es ametrallado por
los funcionarios que lo custodiaban, recibiendo impactos de bala en la cabeza y
tórax. Su cuerpo fue hallado en un canal de regadío a los días después, esto es,
el 17 de octubrede 1973, por uno de sus hijos".
Dictan procesamiento por secuestro calificado de
hermanos Sepúlveda Torres
09 de junio: El ministro en visita de la Corte
de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre sometió a proceso y prisión
preventiva a 17 ex funcionarios de Carabineros, como autores del delito de
secuestro calificado contra los hermanos Osvaldo y Gardenio Sepúlveda Torres,
perpetrado en la Comuna de Cunco, el 21 de septiembre de
1973.
Por esta causa fueron sometidos a proceso y prisión
preventiva como autores: Clenardo Figueroa, Ramón Calfulipi; Gamaliel Soto
Carlos CEA , Girlondy Chabouty y Héctor Catrilef; en calidad de cómplices fueron
encausados: Saturnino San Martín, Rolando Cea Blas Calderón Carlos Montenegro
y Paúl Vicente. Encubridores fueron encausados: José Uribe, Juan Padilla, José
Pérez, Israel Hernandez Hugo Bornard, Francisco Vallejos.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, “con
fecha 14 de septiembre de ese año, los hermanos Gardenio y Osvaldo Sepúlveda
Torres fueron detenidos por primera vez, al presentarse voluntariamente junto a
su hermano Luis Alberto ante los Carabineros, fueron dejados en libertad el
mismo día, con la obligación de acudir a firmar diariamente. El día 20 de
septiembre de 1973, fueron a firmar, pero esta vez quedaron detenidos, salvo
Luis Alberto que fue dejado en libertad. Junto con ellos permanecieron detenidos
Ponciano Sagredo, Edilberto Lagos, Juan Reinoso, Adelmo Henríquez y un detenido
de apellido Sáez. Transcurridas algunas horas fueron trasladados desde Los
Laureles hasta la tenencia de Cunco, donde los hermanos Sepúlveda fueron
encerrados en una celda junto a otros dos detenidos hasta el día siguiente,
donde fueron trasladados por carabineros, desconociéndose a la fecha su actual
paradero".
Ministro Álvaro Mesa dicta procesamiento por
homicidio en Curacautín en 1976
09 de junio: El ministro en Visita
Extraordinaria Álvaro Mesa Latorre sometió a proceso y prisión
preventiva Roberto Antonio Leal Orellana, como autor del delito de homicidio
contra Jorge San Martín Lizama, perpetrado en la comuna de Curacautín, en el mes
de julio de 1976.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, se ha
logrado determinar los siguientes hechos: "El día 17 de julio de 1976, en horas
de la noche, tres funcionarios de carabineros de la 5° Comisaría de Curacautín,
tras recibir una denuncia telefónica por supuesto robo, concurrieron hasta el
domicilio señalado en la llamada. En el lugar y en compañía del civil
denunciante, dos de los uniformados ingresaron al recinto del domicilio,
quedando el tercer policía vigilando el exterior, en la vía pública… Los
uniformados se percataron de la presencia de una persona - identificado
posteriormente como Jorge San Martín Lizama- quien al verse sorprendido lanzó un
elemento desde el interior del inmueble, impactando uno de sus vidrios,
quebrándolo"
El dictamen que agrega que "estando en el interior de
la habitación, San Martín Lizama recibió un impacto de bala en su cuerpo, ya que
mientras el cabo de carabinero se acercaba a mirar por el vidrio antes
quebrado, con la única linterna que permitía la visibilidad de los uniformados,
el policía procedió a disparar su arma de servicio en contra de éste, aun
consciente, Jorge San Martín Lizama, fue trasladado hasta el hospital de
Curacautín y posteriormente al hospital regional de Temuco, ingresando fallecido
a éste último centro asistencial el día 18 de julio de 1976".
Corte Suprema ordena pagar indemnización a
familiares de víctimas de comando conjunto
11 de junio: La Corte Suprema determinó que
el Fisco debe pagar una indemnización total de 500 millones de pesos a cinco
familiares de tres víctimas del denominado Comando Conjunto desaparecidos entre
el 3 de noviembre de 1975 y el 26 de julio de 1976 en la región
Metropolitana.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala
Penal acogieron el recurso de casación y ordenaron que el Fisco pague 100
millones de pesos a cada uno de los cinco parientes de José del Carmen Sagredo
Pacheco, Alfredo Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli Company,
perpetrados en Santiago el 3 de noviembre de 1975 y el 26 de julio de
1976.
La sentencia determina que los hechos son crímenes de
lesa humanidad, por lo tanto deben ser reparados tanto en el aspecto penal, como
en el aspecto civil de acuerdo a la legislación internacional que regula la
materia.
Corte ratifica condena de 8 años para ex CNI
Álvaro Corbalán
12 de junio: El ex jefe operativo de la CNI,
Álvaro Corbalán, fue declarado culpable del secuestro calificado del militante
del MIR Sergio Ruiz Lazo, hecho sucedido en 1984.
La resolución unánime, de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez contra el ex mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla y el coronel retirado Aquiles González Cortés, ambos pertenecientes a la CNI.
Sergio Ruiz Lazo, 34 años, la víctima, era un dirigente sindical y militante del Movimiento de MIR que ingresó de forma clandestina a Chile en 1983 para incorporarse a la resistencia contra la dictadura después de haber vivido varios años exiliado en Francia, con prohibición de regresar a su país.
Fue secuestrado el 20 de diciembre de 1984 por agentes de la CNI que lo llevaron al llamado “Cuartel Borgoño” del organismo, donde según testimonios de supervivientes fue torturado durante varios días, hasta que no se le volvió a ver.
En la parte civil del juicio, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 70 millones de pesos a los familiares de la víctima.
Rousseff y Bachelet acuerdan intercambiar datos de
violaciones de DDHH
12 de junio: La Presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, y la Mandataria chilena, Michelle Bachelet, acordaron que sus
gobiernos intercambiarán información sobre violaciones de DDHH ocurridas durante
las últimas dictaduras en sus países durante el breve encuentro que sostuvieron
en Brasilia.
Fuentes oficiales brasileñas dijeron que la
información que pueda aportar Chile sobre la cooperación que los gobiernos
militares de ambos países tuvieron durante la década de los años 70 será
entregada a la Comisión de la Verdad, creada por Rousseff hace 3 años con la
intención de esclarecer crímenes ocurridos durante la dictadura
(1964-1985).
Abusos policiales recoge el informe INDH
2013
12 de junio: Vejaciones a detenidos en
marchas, uso desproporcionado de la fuerza a la hora de controlar las
manifestaciones, abusos contra niños mapuches en las comunidades del sur, y
una "débil reacción estatal" son algunos de los elementos que aparecen en
el Informe Anual 2013 elaborado por el INDH.
Tras entregar el informe al ministro del Interior,
Rodrigo Peñailillo, la directora del Instituto, Lorena Fríes, dijo que aún hay
una brecha entre el "actuar concreto de los carabineros en las calles" y
los protocolos de la institución que regulan este tipo de
materias.
Ministro Miguel Vázquez dicta acusación por
secuestro de Reinalda Pereira
13 de junio: El ministro en visita de la Corte
de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó acusación en la investigación
por el secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza, detenida desaparecida
desde el 15 de diciembre de 1976 en la región
Metropolitana.
El magistrado responsabilizó a 51 ex integrantes de
la Dirección DINA que cumplían funciones en el cuartel Simón Bolívar por el
delito que afectó a la mujer que se encontraba embarazada al momento de su
desaparición.
Entre la nómina de agentes aparecen Manuel Contreras,
Pedro Espinoza; Ricardo Lawrence, entre otros.
De acuerdo a los antecedentes de los hechos se
determinó que: "se encuentra legalmente acreditado que, pasadas las 16:00 horas
del día 15 de diciembre de 1976, en las calles Exequiel Fernández con Rodrigo de
Araya, comuna de Ñuñoa, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, 29 años de edad,
tecnóloga médica y militante comunista, quien se encontraba embarazada, fue
detenida por agentes de la DINA que se movilizaban en dos automóviles, siendo
ingresada a la fuerza a uno de ellos y trasladada a un cuartel secreto ubicado
en calle Simón Bolívar 8.800, donde fue interrogada bajo apremios ilegítimos y
luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su
paradero.
Que, los hechos descritos en el número 2°, configuran
la existencia del delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira
Plaza, previsto y sancionado en el inciso 3 del artículo 141 del Código Penal de
la época, toda vez que del encierro de la víctima resultó un grave daño en su
persona, puesto que no se le volvió a ver con vida".
Ministro Carroza procesa a dos carabineros en
retiro por muerte de dirigente
17 de junio: El ministro Mario Carroza, dictó
auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el homicidio
calificado de Ricardo Ruz Zañartu, ocurrido el 27 de noviembre de 1979, en la
comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.
En la causa, el magistrado sometió a proceso a los
funcionarios en retiro de Carabineros: Luis Monroy y José Orellana por su
responsabilidad –en calidad de autores en el homicidio del ex dirigente del
MIR.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, en horas
de la tarde del 27 de noviembre de 1979, "en circunstancia que la víctima
Ricardo Ruz Zañartu, 34 años, profesor, militante del MIR, se dirigía a una
reunión en un taxi, , fue interceptado por Carabineros en un control vehicular,
ante lo cual y obedeciendo a las instrucciones del Carabinero de Tránsito que
detuvo el automóvil, , y en circunstancias en que la víctima iba a descender del
vehículo, éste extrajo una pistola marca Browning, calibre 9mm, con la cual
disparó desde el interior del vehículo en contra del personal fiscalizador, a la
vez que descendía del taxi, dándose a la fuga, produciéndose un intercambio de
disparos entre el personal de Carabineros y Ruz Zañartu, siendo alcanzado por
los impactos, ante lo cual, continúa su huida posteriormente cae al suelo, y
en esas circunstancias se acerca un funcionario policial, quien le dispara
ocasionando finalmente su muerte".
La versión oficial, entregada por el personal de
Carabineros de Chile que participó en los hechos, señala que "la víctima habría
fallecido a consecuencia de un enfrentamiento, desestimándose ésta, por cuanto
consta en el proceso abundante prueba que demuestra que Ricardo Delfín Ruz
Zañartu, falleció producto de los traumatismos de las extremidades y pelviano
por balas y anemia aguda consecutivo", agrega la resolución.
Chile confirma a consejo de DDHH que no aplicará
ley antiterrorista a indígenas
19 de junio: El Gobierno de Chile confirmó en
el Consejo de DDHH de la ONU su compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista a
los indígenas por actos de protesta, así como de avanzar en los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas. ”dijo en ese foro la embajadora
chilena ante las UN en Ginebra, Marta Maurás
Ministro Carroza dicta acusación en caso de
secuestro calificado de José Calderón Ovalle
24 de junio: El ministro Mario Carroza dictó
acusación en la investigación por el secuestro calificado de José Calderón
Ovalle, ocurrida a partir del 17 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana.
El magistrado responsabilizó del delito a los ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, Rolf Wenderoth, Miguel
Krassnoff y Marcelo Moren.
De acuerdo a los antecedentes de la causa se logró
determinar que "El día 17 de febrero de 1975, José Calderón Ovalle, de 34 años,
jardinero, militante del MIR), y dirigente conocido como "El Viejo de Lo
Hermida" en alusión al sector donde cumplía labores con pobladores, fue detenido
en la vía pública, por agentes de la DINA, sin que existiera orden emanada de
autoridad legítima y competente que la justificase, quienes los condujeron hasta
el recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi o
Cuartel Terranova, donde fue visto por otros detenidos que recuperaron su
libertad y entregaron su testimonio. José Calderón Ovalle, permaneció en dicho
lugar privado de libertad hasta finales del mes de febrero de 1975, fecha en que
se pierde su rastro, coincidentemente con la ausencia de otros detenidos, de
quienes se escuchó decir serían trasladados hasta Puerto Montt, palabra clave
utilizada por agentes, en alusión a su eventual muerte y desaparición,
ignorándose desde entonces su paradero,
Ministra Olivares dicta acusación en caso de
homicidio calificado en Pisagua
24 de junio: La presidenta de la Corte de
Apelaciones de Iquique y ministra en visita para causas de DDHH, Mónica Olivares
Ojeda, dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado de Isaías
Higuera Zúñiga, ocurrido el 11 de enero de 1974 en la localidad de
Pisagua.
La magistrada responsabilizó por el delito de
homicidio calificado a los miembros en retiro del Ejército Miguel Aguirre y
Blas Barraza.
De acuerdo a los antecedentes de la Comisión de
Verdad y Reconciliación: "El 11 de enero de 1974 fallece Isaías Higuera Zúñiga,
39 años, gendarme en la Cárcel de Iquique, militante comunista. Había sido
detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones, en Iquique, siendo
trasladado posteriormente a Pisagua. La cónyuge recibió oficialmente la versión
que su marido había muerto de un infarto al corazón. Esta información fue
entregada por quien entonces era Alcaide de la Cárcel de Iquique y ratificada en
dependencias de la VI División del Ejército, en esa ciudad. Los restos de
Isaías Higueras fueron entregados a su cónyuge dentro de una urna sellada. Esta
Comisión se encuentra convencida, especialmente por las declaraciones de
múltiples y concordantes testigos presenciales que ella conoció, que su muerte
se produjo a resultas de los apremios ilegítimos de que fue objeto por agentes
del Estado, mientras se encontraba detenido en el campo de prisioneros de
Pisagua donde sus custodios lo golpearon hasta darle
muerte".
Instan a Australia a iniciar proceso de
extradición a ex secretaria del “mamo”
26 de junio: Telmo Languiller, legislador del
estado australiano de Victoria, presentó el caso ante el Parlamento y solicitó
al fiscal general australiano, George Brandis, que confirme haber recibido el
pedido de Chile para comenzar el procedimiento contra Adriana
Rivas.
Rivas fue una agente de la Brigada Lautaro, que era
una unidad operativa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y
secretaria de su jefe, Manuel Contreras.
Ella es requerida por
la justicia chilena por el secuestro, desaparición y muerte de un líder
comunista en 1977, entre otros casos.
INDH entrega
premio de DDHH
30 de
junio: María Soledad Cisternas, presidenta del
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
fue elegida por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
para recibir el Premio Nacional de DDHH 2014. Su amplia trayectoria en la
defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidades y su compromiso con otros derechos como el acceso a la justicia,
el derecho a voto y los derechos de los pueblos indígenas merecieron un
reconocimiento a través de este galardón.
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