Poder y "sabiduría estatal" son usados para mantener injusticias. Desconfiémos de las "autoridades y de académicos" que justifican la injusticia actual.

 ¡Cuidado con el llamado saber y conocimiento científico! Primero, mucho de ese conocimiento no es necesariamente científico ni menos basado en evidencias, especialmente en un país en el que las mentiras recorren todo el espacio social y donde los montajes son usados en cada rincón del vivir social… especialmente en los más importantes: el la libertad y en el de las respuestas a los derechos fundamentales que incluyen salud, educación, equidad.

De alguna forma esta nota desafía los principios de que los estudiosos y científicos (que usan esos títulos para establecer su poder y el de sus grupos de intereses) que se ha discutido en dos artículos (y hay muchos otros) sobre “Nuevo reglamento de Evaluación de Impacto ambiental limitaría consulta a pueblos originarios” (http://radio.uchile.cl/noticias/196564/ ) que discute Carolina Blanche Goldsack. En este se trata de justificar, técnicamente, otra vez, de las “buenas razones para que los pueblos indígenas no participen en forma central sobre las resoluciones que afectan sus vidas directamente. La pseudo-ciencia y el poder se apoyan… para mantener la injusticia histórica.

En las sociedades el conocimiento ha sido y es usado, con demasiada frecuencia, como una forma de poder. De ese modo permite marginar de las decisiones a grupos enormes y, aparentemente, vestirse de "equidad y democracia"... Y eso no es aceptable. El problema es, como lo dice “Ronny Leiva, psicólogo, kona del consejo del Pikun Willi Mapu e integrante del grupo de trabajo mapuche sobre derechos colectivos, aclaró que “tiene que haber voluntad del gobierno para entrar diálogo” y enfatizó que “los werkén están en disposición de conversar con el ministro de Asuntos Indígenas”. (http://radio.uchile.cl/noticias/56043/)

Las verdaderas normas del conocimiento deben respetar los principios sociales inalienables de los pueblos y de los derechos fundamentales de los pueblos.

"El conocimiento y las reglas administrativas" que favorecen el DESPOJO y la Represión no son científicas si apoyan las injusticias sociales y la inequidad. La ciencia real y las universidades deben buscar la formación de individuos, primero y antes que todo, que sean críticos. Que promuevan la justicia, la equidad, la reparación de los daños que se hayan impuestos a pueblos e individuos y que aseguren un futuro más humano y sólido para todos. El concepto mercenario en las universidades debe ser desafiado de manera sistemática.

La llamada ciencia para los científicos pierde su orientación y deja de ser ciencia para transformarse en una herramienta para el despojo, la represión y el abuso. Las guerras y el fin de la paz social no pueden basarse en ciencias retrógradas. De hecho, si se descubre algo nocivo la ciencia debe buscar la forma de corregirlo y no usar un argumentación con sesgo abusivo para pretender ser adecuada. Un país que no desarrolla la crítica y, peor aún,  impide su desarrollo como parte central, es un proceso reaccionario, ajeno al progreso humano y social.  La educación basada en evidencia debe ser sometida al criterio de ser justa y respetuosa de todos y cada uno.

Chile ha justificado por demasiado tiempo el poder deformador social de un conocimiento que promueve las inequidades y justifica la represión cada vez que se levantan las demandas sociales pueden llevar al país a una fase superior, realmente democrática.  El “conocimiento” que pudiera haber, por ejemplo, en la Constitución chilena hecha por la dictadura no puede ser mirado y aplicado sin reflexionarlo. Ese conocimiento es de una clase abusiva y debe ser puesto al escrutinio social y científico… como los proyectos que afectan al medio ambiente y al futuro de las generaciones por venir. Por ejemplo, en el caso del Convenio 169 de la OIT que rige para establecer las reparaciones que corresponden a los pueblos originarios en el mundo, en el caso de Chile eso ha sido un fiasco… aunque también es hoy una poderosa bandera de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de todo Chile. Una vez firmado el convenio mencionado -y que tomó 19 años para hacerlo: se hizo en el gobierno Bachelet, luego de, digámoslo con vergüenza, ¡18 años de gobiernos de “desconcertación”!- Lo primero que se hizo en Chile fue crear decretos y “callejones sin salida” en las que nada se pudiese hacer con el Convenio. Es decir, no había intención alguna para resolver las injusticias y evitar los conflictos que vivimos a diario. El gobierno, defendiendo los intereses de sus asociados, sabe como “resolverlos”: usa la represión y su guerra sucia. Estos sabelotodos, seudo-técnicos, sabihondos de la manipulación “democraticoide” que permean el país entero pretenden, pomposamente, que saben más y mejor…

En el caso de los pueblos originarios –el Mapuche, en especial, que se enfrenta a un falso “Conflicto Mapuche”-debemos reconocer que ese conflicto no es otra cosa que la imposición brutal, ambiciosa y represiva de una sociedad basada en injusticias y en justificaciones racistas inaceptables. Desde los orígenes del despojo hasta hoy, toda esa pseudociencia lo ha justificado y tratado de ampliar. Y, si miramos bien, ese uso es el que destruye el medio ambiente, viola los principios sociales más puros como la verdadera paz social basada en justicia y el bien colectivo. La ciencia no puede ser ajena al principio de justicia, fraternidad y equidad. La ciencia mal usada, como cualquier área del saber, termina siendo un instrumento que puede justificar crímenes sociales que nos deben avergonzar siempre. Las pretensiones de excelencia que tanto pretenden favorecerse en este país, no resisten un análisis verdaderamente científico y académico.

¿Suena bonito cumplir las normas técnicas y las constitucionales? No, si es una estafa. Por eso es necesario desenmascarar esta pretensión de “país basado en derecho y transparencia”. Ya no más aceptar los males menores que pudren al país y alejan aún más la democracia que nos prometen.  Por eso la lucha del pueblo Mapuche persiste y aumenta, por mucho que se la acuse de terrorista. Nótese que lo dicen los mismos que sembraron el terror en Chile y que en estos días dirigen el aparato represivo acusando y golpeando a quien luche por sus derechos que el mismo Convenio 169 debe y puede prevenir y resolver!