Es necesario mirar detalladamente, en forma regular, la realidad represiva de los gobiernos post-dictadura, y del actual, con mayor precisión. Este ha retornado, como en los "mejores tiempos" del dictador, a culpabilizar las organizaciones de Derechos Humanos y a Observadores de DDHH's que el Estado, en forma antojadiza, sin evidencias y con montajes, acusa de terroristas a toda acción por la defensa de los derechos humanos fundamentales. La Organización Mundial Contra la Tortura OMCT, ha venido insistiendo en que este tipo de acción represiva ha aumentado en el mundo. Sucede tanto en el campo de la represión directa en las personas activas en la defensa de los derechos humanos que son acosadas y, en muchos casos, detenidas y asesinadas. También vemos como el financiamiento que puedan tener es restringido y cortado, fuera de las presiones enormes sobre esas entidades ejercidas por los gobiernos. Y eso va de la mano con la criminalización y rotulación creciente (e irresponsable) de que cualquier forma de oposición, es llamada terrorista o se le atribuyen características de "asociación ilícita terrorista". Esto les permite utilizar leyes "anti-terroristas" o equivalentes, haciendo montajes en las acusaciones y por las que no se preocupan en demostrar evidencias creíbles y fundamentales. Las leyes anti-terroristas, (luego de Septiembre 11 en Nueva York), han tomado un carácter secreto que permite violar todo tipo de derechos fundamentales de cualquier acusado. Una ley de ese tipo (llamada Ley Hinzpeter) está siendo sumada a la Contitución chilena que fue hecha en dictadura y permite todo tipo de acciones represivas Y, sin embargo, sí pretenden de que "se vive en un país con un Estado de derecho objetivo y respetado".
Dado que el "conflicto Mapuche", que no es tal, sino la imposición de una represión sistemática contra este pueblo, al que se le impone un verdadero Apartheid "a la chilena" y una creciente "guerra sucia", las amenazas contra los grupos y observadores de derechos humanos y extranjeros criminalizados por apoyar estos derechos, deben ser consideradas con seriedad y cuidado.
El caso de Chile es muy claro dadas las actitudes arrogantes y atropelladoras del Gobierno y Estado que violan los principios básicos de la independencia de los poderes del Estado, forzando al Poder Judicial (que tampoco se resiste mucho por una pasado de cooperación en el castigo con la dictadura misma) a mantener niveles represivos que se pretende "legales", pero sin serlos. Debemos insistir que todos los estudios y análisis responsables y basados en evidencias demuestran que Chile no tiene ninguna de las características terroristas. Estas características, no son reales en Chile ni que las "acciones denunciadas" tampoco las tienen. Estos montajes le permiten al Estado "saltarse" cualquier paso legal y democrático, actuar en secreto, y poner en listas que limitan y arruinan la vida de quienes no le agraden políticamente hablando. Esas personas entran en una puerta giratoria del aparato represivo de funcionamiento permanente. La prisión preventiva permite mantener personas, sin juicio, por períodos de muchos meses, hasta años sin ser juzgados. Permite, además, que sus derechos ciudadanos e, incluso, sus trabajos, puedan ser prohibidos en forma permanente.
Dado que el "conflicto Mapuche", que no es tal, sino la imposición de una represión sistemática contra este pueblo, al que se le impone un verdadero Apartheid "a la chilena" y una creciente "guerra sucia", las amenazas contra los grupos y observadores de derechos humanos y extranjeros criminalizados por apoyar estos derechos, deben ser consideradas con seriedad y cuidado.
El caso de Chile es muy claro dadas las actitudes arrogantes y atropelladoras del Gobierno y Estado que violan los principios básicos de la independencia de los poderes del Estado, forzando al Poder Judicial (que tampoco se resiste mucho por una pasado de cooperación en el castigo con la dictadura misma) a mantener niveles represivos que se pretende "legales", pero sin serlos. Debemos insistir que todos los estudios y análisis responsables y basados en evidencias demuestran que Chile no tiene ninguna de las características terroristas. Estas características, no son reales en Chile ni que las "acciones denunciadas" tampoco las tienen. Estos montajes le permiten al Estado "saltarse" cualquier paso legal y democrático, actuar en secreto, y poner en listas que limitan y arruinan la vida de quienes no le agraden políticamente hablando. Esas personas entran en una puerta giratoria del aparato represivo de funcionamiento permanente. La prisión preventiva permite mantener personas, sin juicio, por períodos de muchos meses, hasta años sin ser juzgados. Permite, además, que sus derechos ciudadanos e, incluso, sus trabajos, puedan ser prohibidos en forma permanente.
Estas acciones son particularmente graves en el encarcelamiento y en actos de violencia repetida e ilegitima contra las comunidades Mapuche. Sin embargo, igual sucede cuando existen acciones por la defensa de sus derechos en las comunidades y organizaciones estudiantiles, de pescadores y otros sectores de la sociedad civil. El sesgo se confirma cuando se trata de magnates y asociados en el lucro, que raramente son tocados, amonestados o sancionados.Y sus fortunas, en las que hay incluir hasta las del Presidente, siguen inflándose y escalando niveles cada vez mayores entre los magnates del mundo (http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/07/529726/presidente-pinera-se-mantiene-como-el-cuarto-hombre-mas-rico-de-chile-segun-lista-de-forbes.html ).
La criminalización de las acciones de las organizaciones de Derechos Humanos ha aumentado en el gobierno actual. Tanto el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros del Interior insisten en el carácter internacional de los llamados complots terroristas con los que acusan a personas cuyas acciones no pueden, bajo ningún punto de vista ser caracterizadas como actos terroristas. El Estado exige detenciones y la Justicia, presionada en forma ilegal, cede y detiene en forma preventiva a quienes se les exige arrestar. Esta es una forma inquietante de presión contra la sociedad civil porque, en forma paralela han aumentado las incursiones en las comunidades de diversos tipos. Especialmente, entre las comunidades Mapuche que se oponen a las violaciones de sus territorios y de la violación de convenios importantes como el Convenio 169 de la OIT. Este convenio permite resolver conflictos que han plagado la vida de los pueblos indígenas. Más aún, su violación y no aplicación de dichos convenios implica negarse a buscar el uso de la negociación y de los métodos pacíficos para resolver situaciones de extrema injusticia que aumentan la pobreza y la exclusión de las poblaciones mencionadas. En este contexto hemos visto la tortura practicada en las mismas comunidades al momento de asaltos masivos contra ellas. Los niños reciben disparos en sus cuerpos y observan las golpizas que se les dan a sus padres y hermanos mayores.
La acusaciones hechas por el estado son llevadas a los más altos grados de delitos (inexistentes) pero que permiten mantener a los perseguidos políticos por largos períodos de arrestos preventivos, sin siquiera llevarlos a juicios. Esto causa un enorme daño a los detenidos, a sus hijos y familias dado que deben quedarse al margen de sus acciones y trabajo de la tierra. El pueblo Mapuche vive en condiciones de gran pobreza y, cuando son detenidos, (los casos son múltiples) se pierden tiempos de siembras o de cosechas, llevando a estas familias de la pobreza a una mayor miseria. (Es común que un detenido deba pagar un abogado que cobran desde 500.000 a más de 1.000.000 de pesos (entre US$1000 a 3-4.000, cifra imposible para ellos. (El ingreso familiar mapuche se mueve en torno a medio salario mínimo (es decir, menos de 100.000 pesos chilenos (o US$200 mensuales) Estos actos represivos incluyen a todos los miembros de las familias que empiezan a ser acosados y que son detenidos cuando ellos asisten a las audiencias en los tribunales y piden que sean sobreseídos. La policía entonces actúa en forma violenta. En el Tribunal de Collipulli, (IXa. Región) más de 15 personas fueron detenidas (muchos eran menores, incluyendo un niño de 11 años. http://adkimvn.wordpress.com/2013/02/12/detienen-a-mas-de-15-mapuche-en-audiencia-de-fernando-millacheo-en-collipulli/ Varias personas fueron detenidas antes de salir de sus comunidades porque la policía pensaba que irían a asistir a esa audiencia (lo que es perfectamente legal). la intervención policial se hizo con gran despliegue de violencia
La OMCT viene discutiendo estas situaciones. Chile aparece en el mapa internacional (anexo) donde agresiones a los defensores de Derechos Humanos se llevan a cabo y que, en este momento, los ministros y prensa oficial piden aumentar. El financiamiento de la represión va en forma paralela con las declaraciones de las autoridades más altas del gobierno y, además, se ven las instancias de aumento del poder bélico, de el armamento y de los cuarteles del personal para la represión. Los fiscales del Ministerio Público (que son los acusadores) han hecho muestra de un grado persecutorio desmedido con rasgos abiertamente racistas.
El documento de OMCT: puede ser revisado en detalle desde su dirección Internet
El documento anexo debe servir para alertar y prevenir el aumento de la represión. Otros documentos de OMCT tocan a la represión directa. Una buena fuente de información
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-publications/2013/02/d22162/
Informe Anual 2013 del OBS: Las Restricciones al Acceso de los Defensores de Derechos Humanos a la Financiación Aumentan la Impunidad
 | OBS_Informe Anual 2013_acceso de las ONG a la financiación 107 páginas / 2.34 M |
2013 Mapping of the Harassment of Human Rights Defenders
El Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a
nivel mundial de protección a defensores de derechos humanos. En 2012, el Observatorio
se ha movilizado en más de cincuenta países, concretamente a través de la
realización de 336 intervenciones urgentes y de seguimiento sobre más de 500
defensores de derechos humanos. Este libro es el primer Informe Anual temático
publicado por el Observatorio.
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