Una investigación ordenada por el general Augusto Pinochet y realizada
entre marzo y abril de 1976 por su ministro de Defensa, general Herman Brady,
sobre los “juicios instruidos contra personal del Ejército por abuso de sus
funciones” revela episodios desconocidos de la violencia indiscriminada después
del Golpe, agrega numerosas víctimas que no aparecen consignadas en el Informe
Rettig y demuestra que las autoridades del régimen conocieron los crímenes y
sepultaron sus huellas.
En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los
derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la
visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la
inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes
condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita
decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso
documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas.
Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces
presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por
Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.
El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los
congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor:
los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves
violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba
frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes
por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la
Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el
conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.
General Gustavo Leigh
El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros
obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta
Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el
fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado
conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de
Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos.
Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el
coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como
era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la
salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada
informó.
En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de
Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas
los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de
guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos
desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más
ambicioso.
En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA
instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría
el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el
plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del
Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como
jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en
escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director
ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas
y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas
secretas– alimentarían el terrorismo internacional.
Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel
Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos
a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en
Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle
perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150
millones más que le anunciaba el BID.
Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides,
ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio”
a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la
“afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los
“dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor:
Pinochet.
Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra
chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión
Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para
conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de
ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA.
Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de
ocupación.
9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un
oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady,
pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías,
Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos
contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles
infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia
Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación
general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8
de mayo de 1975”.
Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al
Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus
inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos
humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose
pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados
Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en
todo el país para controlar todo abuso de poder.
De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la
información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de
conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han
propasado en sus atribuciones”.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió
transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.
Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito
–rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del
informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y
otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”
La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco
casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora
Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.
El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega
información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó
a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un
Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos,
torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.
La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el
documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady
aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue
denunciada.
La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar
tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría
terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de
Pinochet un día de abril de 1976.
Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por
“homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen
ser transcritas.
General Herman Brady durante su juramento
Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de
1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol
Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur
N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria
superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los
disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por
personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes
superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes
había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al
sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se
paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el
citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.
La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la
justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria
causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no
haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por
el comandante en jefe de la II División de Ejército.
Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.
La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe
Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de
abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la
misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero
esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve
jóvenes.
El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada
telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se
hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció
en la persecución.
El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era
constitutivo de delito.
Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3
de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un
parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los
policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina
Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.
El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos
habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una
patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo
y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.
La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea
y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a
determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de
los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.
Cantar era delito. Otra de las víctimas que no
figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por
homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.
El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973,
señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo
José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del
río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver
de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte
policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo
Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se
encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron
identificados”.
El caso también fue sobreseído.
EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de
ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año
después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso
caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir
de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres
“por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de
Gobierno”.
Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación
“Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió
servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez
Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a
su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en
definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una
fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo
asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados
conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron
físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor–
lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a
Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de
arresto militar como cómplices.
La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas
al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.
MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son
exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José
Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del
Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene
mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco
aparece en el Informe Rettig.
Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría
de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía
denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó
a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores.
El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar
aunque fuera tibiamente los hechos:
“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor
Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un
vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo
de Guerra absolvió a los militares.
Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia
a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino,
pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de
noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un
altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con
un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte
instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.
SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio
que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido
por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al
Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a
Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones
graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su
grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.
El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por
lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución
del comandante en jefe de la III División del Ejército”.
Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política
en el Informe Rettig.
EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III
División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está
incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N°
232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el
subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.
El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a
bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero
Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del
deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército
fue sobreseer temporalmente la causa.
FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica
cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio
de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de
noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente
ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que
dirigía en calidad de subrogante el capitán de fragata Hugo González
D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de
arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se
disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y
definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de
hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.
Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero
el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija,
era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en
la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su
lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado
al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado
en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y
con impactos de bala”.
MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la
situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de
noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:
“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la
patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de
Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y
falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los
informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de
presidio menor en su grado medio”.
El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el
civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como
huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo
redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.
Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.
DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de
Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la
“presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los
Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago
Ranco”.
El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El
resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible
establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona
determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.
En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y
con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del
PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por
Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí
fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la
Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo
del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus
compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.
SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más
pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL
N° 27-74. Textual:
“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada
de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia.
Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización
del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por
la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus
Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”
Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas”
N.N. tampoco.
LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz
denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio
Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó
la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla
militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente
Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto
días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros
detenidos.
El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la
autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los
hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.
El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la
causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe
Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por
agentes del Estado”.
UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio
Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que
responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así
lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.
El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a
consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en
circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la
fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación
de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de
octubre en el fundo California.
EL TROZO QUE
FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño
Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la
información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21
años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En
la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de
octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5
de octubre durante horas de toque de queda”.
En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y
tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal
concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir
del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por
lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.
El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.
SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con
mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de
Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército
Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no
aparece en el Informe Rettig.
LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la
fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando
Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del
capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En
el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante
del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de
Carabineros”.
Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en
estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto
Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina
Azteca, en Punta Arenas.
Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela
que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a
denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue
sepultado un día de abril de 1976.
VIOLACIONES
Un capítulo aparte merecen los juicios por violación. De los 90 juicios a
los que pudimos acceder, hay más de 20 por ese delito y casi todos terminan
sobreseídos. Ninguna de las víctimas ha sido jamás reconocida como tal.
La causa N°370-74 del 25 de enero de 1974 se inicia con un parte de la
tenencia Peñalolén, que informa que ese día “M.M.G., de 14 años, fue
interceptada a las 13.00 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de
cinco militares que viajaban en un jeep y a viva fuerza la subieron al vehículo
trasladándola al interior del Aeródromo Eulogio Sánchez en donde la
introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno”.
Al principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo
sobreseyó del delito de violación y sólo lo castigó con 30 días de arresto por
“negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante”.
La impunidad de los militares en esos días la comprobó dramáticamente A.
Flores, de 31 años. A la 1 de la madrugada del 3 de junio de 1974, la mujer “pidió
ayuda a personal uniformado que cubría servicios en la Plaza Chacabuco, para
ser trasladada a la casa de su madre. Subió a un bus militar en el que viajaban
15 uniformados. El bus se habría dirigido por Avenida Hipódromo Chile en
dirección al Poniente y en una población con calles no pavimentadas el vehículo
se detuvo y a viva fuerza habría sido violada sucesivamente por no menos de 4 a
5 uniformados… Posteriormente se la habría abandonado en Avenida Independencia
casi esquina Cotapos”. Así se relatan los hechos en el juicio caratulado bajo
el ROL N° 605-74.
La causa fue sobreseída “por no haber convicción de haberse perpetrado el
delito”.
Las menores de edad no merecieron mayor compasión. Bajo el ROL N° 615-74,
se relata el siguiente caso de violación (parte N° 292 de la 12ª Comisaría de
Carabineros, del 5 de mayo de 1974). “M. González, de 14 años, habría sido
violada el 2 de mayo. Ese día, como a las 23 horas, en el paradero 21 de Vicuña
Mackenna, se puso a esperar micro para ir a su casa y fue llevada en un jeep
con seis militares uniformados a quienes no conocía. Los militares la llevaron
a la ex Radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada
por la fuerza por un militar que según sus posteriores averiguaciones sería el
cabo Díaz. En ese lugar fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas siendo
violada en cada ocasión. El informe médico legal de fecha 8 de mayo acredita la
desfloración en fecha reciente, no más de 6 a 8 días a la fecha del examen”.
La denuncia es contra “uniformados militares Regimiento N° 7 de Puente
Alto”. Pero el dictamen sobreseyó el caso.
Igual suerte corrió la menor Rossana G.F:, de sólo 12 años. Su padre, Juan
G., empleado y cuyo domicilio aparece consignado, denunció que su hija fue
violada por dos militares del Regimiento N° 2 Motorizado Santa Rosa, cuyos
nombres entrega, el 29 de junio de 1974. El juicio ROL N° 662-74, finaliza con
un sobreseimiento.
Al mes siguiente, el 10 de julio de 1974, sería Rosa S.S., de 25 años, la
que sería “violada por dos militares en servicio y armados los que la
detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro domicilio en Avenida Cerrillos,
donde procedieron a agredirla y violarla”. Así se relatan los hechos en un
juicio (Rol n° 671-74) que sólo tiene 10 líneas y que finaliza con otro
sobreseimiento.
Los juicios por violación se suceden con abismante sordidez en los relatos
en Iquique (el autor es un cabo de Ejército y el denunciante la Prefectura de
Carabineros de Iquique); en Antofagasta (el autor y la víctima están identificados
y no hay sentencia a pesar de haberse iniciado el juicio en noviembre de 1974),
y en Santiago varios. En todos ellos la sentencia fue “absolución”, ratificada
por los comandantes de las respectivas divisiones.
Valdivia no fue la excepción. Y uno de los casos referidos retiene la
atención:
“Causa N°64/74. Individualización Denunciante: R.M. Iturra”.
Ofreció ir a dejarla a su domicilio y en el trayecto se desvió de la ruta y
luego de ser intimada con armas de fuego, ocho militares la violaron, uno de los
cuales, el SL J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad. Se solicita
sobreseimiento total y definitivo”.
Resolución Cdte en Jefe IV D/E. Dictó sobreseimiento total y definitivo”.
Dic*Este reportaje fue publicado el año 2000 en el diario electrónico El
Mostradorho y hecho.
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