DECLARACION PÚBLICA
A LA COMUNIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL
Ante el atentado incendiario a manos de 20 encapuchados, de
la “casa patronal” del Fundo Palihue, de la comuna de Vilcún Región de
La
Araucanía , con el resultado de la muerte del matrimonio
Luchsinger-Mckaya, la
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) declara lo
siguiente:
1º Como entidad de defensa y promoción de los Derechos
Humanos, la CECT
emplea la verdad y la razón en la búsqueda de la superación de los conflictos
que surgen de la injusticia social. Por tanto, la CECT manifiesta absoluto rechazo a los
actos que afectan la dignidad y la vida de las personas, tal como lo ha
reiterado en sus declaraciones desde el momento de su
fundación.
2º Tras el anuncio formulado por el Presidente de
la República
de conformar una unidad especial contra el terrorismo; la aplicación de
la Ley
Antiterrorista ; y la disposición de la Agencia Nacional de
Información (ANI) de recabar información “útil” desde las Fuerzas Armadas para
“aumentar eficacia y eficiencia contra el terrorismo”, es válido recordar que el
deber del gobierno y de todas las autoridades, es la solución de los problemas
de injusticia social y no su incremento. Por tanto, la CECT solicita al gobierno y a
la Fiscalía
Nacional que el delito cometido no signifique una condena
previa al juicio a las comunidades mapuche de la zona, como sí ha sucedido en
reiteradas oportunidades, ni mucho menos implique la instalación de una escalada
de violencia que signifique más pérdidas de vidas humanas.
3º La Ley Antiterrorista viola
las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas
internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que subraya la importancia de tener derecho a “juicio justo”, lo que hace
inadmisible la existencia de “testigos sin rostro”, detenciones arbitrarias y
prolongadas, que continúan realizándose bajo la vigencia del concepto de
“enemigo interno”, emanado de la ideología de la seguridad
nacional.
4º Es válido reiterar el llamado humanitario para
contribuir al término de la huelga de hambre de los dirigentes de
la Coordinadora
Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, quienes
desde el día 14 de noviembre de 2012 se encuentran empeñados en conseguir una
reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio
frustrado.
5º Debe insistirse en que una acusación del incendio y
homicidio del fundo Palihue dirigida contra el pueblo mapuche, sin juicio justo
y bajo la amenaza de represión, sería atentatoria a toda juridicidad y a los más
elementales valores éticos. El Derecho debe ser exigido
respetándolo.
6º Si no se asume como país los antecedentes históricos que
han originado las acciones de violencia en La Araucanía , difícilmente habrá
solución a la situación existente y la violencia se incrementará.
La CECT aboga
porque se busque a los culpables de los delitos y se les castigue dentro de la
ley justa y el respeto a la dignidad de sus personas, en especial de quienes
exigen legítimas demandas tras una larga historia de abusos, atropellos y
expropiaciones.
7º Es imperativo entender que la situación en
La Araucanía
no es un problema policial, sino político. En consecuencia, el Estado de Chile
debe retomar el diálogo fracturado y el reconocimiento de los compromisos
contraídos, en particular el derecho establecido por la firma del Convenio 169
de la
OIT.
Todo el país debe asumir que la paz sólo llegará tras
la justicia.
Chile, 6 de enero de 2013.
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