Ante los graves hechos ocurridos en recientemente en la comuna de Vilcún que significaron la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, la Asociación Americana de Juristas -Rama Chilena- considera necesario entregar una opinión:
1º. No podemos sino lamentar estos sucesos
que han significado la muerte de chilenos y expresamos nuestra condena a tales
actos.
2º. Consideramos que situaciones como esta
perjudican la justa lucha del pueblo mapuche por sus demandas históricas y
esperamos que se haga una investigación exhaustiva y seria, ajena a todo
prejuicio a fin de aclarar fehacientemente quienes participaron en estos hechos
y cómo se produjeron ellos.
3º. Pensamos que las declaraciones de las
autoridades de gobierno, parlamentarios, dirigentes políticos de derecha y
diversos medios de comunicación en cuanto a indicar supuestos autores y
detalles del incidente sin que se haya hecho aún ninguna investigación no
contribuye a crear el clima necesario para una investigación y juzgamiento conforme a derecho y, por el
contrario, produce un clima de hostigamiento inaceptable hacia el pueblo
mapuche. En especial rechazamos la pretensión de aplicar a este caso la Ley
Antiterrorista que, tal como lo hemos denunciado en casos anteriores, atenta en
contra del debido proceso y viola los derechos humanos de los procesados.
3º. Sostenemos y ratificamos nuestra profunda
solidaridad con las luchas del pueblo mapuche. El problema nacional mapuche
emana en forma directa del crimen monstruoso que en contra de ellos cometió el
Estado chileno a mediados del siglo XIX, verdadero genocidio que significó la
muerte de miles de mapuches y la pérdida de sus tierras ancestrales que habían
mantenido y que el Estado chileno se había comprometido a respetar. Los
mapuches fueron aislados en reducciones ocupando las más pobres y mínimas
tierras. El Estado usurpador entregó gratuitamente las tierras mapuches a
colonos chilenos y a muchos extranjeros a quienes además doto de instrumentos,
de animales y puso a su servicio la fuerza militar y luego policial para su
resguardo. En muchos casos, además, los “colonos” profundizaron el despojo
reduciendo por la violencia aún más las tierras de los mapuches. Mientras la
sociedad chilena no reconozca la brutal injusticia, ajena a todo sentido del
derecho, que significó la llamada “pacificación de la Araucanía”, no habrá
solución al problema mapuche. Es más, está claro que mientras más demore la
sociedad chilena en tomar conciencia y aceptar una solución justiciera más se
agudizará este problema con perjuicios no sólo para los propios mapuches sino
para todos los chilenos. Esta es la experiencia histórica de todos los países
en que se han dado situaciones similares.
4º. La agresión política, policial y social
por parte del estado y de los grupos económicos en contra de las
comunidades, no puede continuar. Es
necesario impulsar una política moral, realista y de diálogo con nuestros
pueblos originarios, que considere sus
principales demandas: declaración constitucional del Estado
Plurinacional; implementación real y vinculante del convenio 169 de la OIT;
libertad a los presos políticos Mapuches; no a la aplicación de la ley
antiterrorista; derecho a la auto-determinación del Pueblo-Nación Mapuche;
restitución por parte del estado de Chile de las tierras usurpadas.
Santiago de Chile, 6 de Enero de 2012.
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS R
Ramón
Vargas Heyer Fabiola
Letelier del Solar
Presidente Vicepresidenta
Manuel Jacques Parraguez Juan Guzmán Tapia
Vicepresidente Vicepresidente
Secretario General Directora
Yénive Cavieres Sepúlveda
Directora
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